Violencia en el Palacio de Justicia: Agresión entre comunicador y familiar de víctima reaviva debate sobre seguridad
Un nuevo episodio de violencia sacudió el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando el comunicador Jhossan Capell agredió físicamente a José Luis Custodio, pariente de una víctima del derrumbe de la discoteca Jet Set. El incidente, captado por testigos, ha reabierto las críticas sobre los fallos en los protocolos de seguridad en la principal sede judicial del país.
La querella interpuesta contra Capell por agresión destapa un patrón recurrente: el recinto, diseñado para impartir justicia, se ha convertido en escenario de altercados físicos entre ciudadanos, abogados e incluso funcionarios. "Es inaceptable que estos hechos s ocurran aquí", declaró el abogado defensor de Custodio, mientras autoridades judiciales prometieron revisar las medidas de control.
Antecedentes preocupantes
Este no es un caso aislado. En marzo de 2023, simpatizantes políticos protagonizaron una trifulca que dejó heridos, incluida una diputada, y daños materiales. Meses después, dos abogadas se enzarzaron en una pelea a golpes en pleno pasillo, viralizada en redes sociales. Y en septiembre de 2025, familiares de víctimas e imputados en un juicio por homicidio repitieron la fórmula con empujones y manotazos.
Fuentes del Poder Judicial reconocen que los puntos críticos son los accesos y las áreas de espera, donde la tensión por casos sensibles —como el de Jet Set— escala rápidamente. A esto se suma la saturación de personal: solo en Ciudad Nueva circulan diariamente cientos de abogados, periodistas y ciudadanos con escaso filtro de revisión.
¿Fallas sistémicas?
Expertos en seguridad citados por este medio señalan que el problema combina factores estructurales y humanos: desde la falta de personal policial especializado hasta la ausencia de protocolos para desescalar conflictos. Mientras, los incidentes se replican en otras sedes, como en Santiago, donde reclusos y civiles han protagonizado enfrentamientos.
El Colegio de Abogados y el Ministerio de Interior han sido notificados formalmente para coordinar soluciones. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo garantizar que la casa de la justicia no siga siendo escenario de la ley del más fuerte? La respuesta, urgente, podría definir la credibilidad de todo el sistema.
