Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados oposición formal al proyecto de Ley de Fideicomiso, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y despojo irregular de bienes públicos a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, afirmó que la iniciativa busca promover la creación de un Estado paralelo, con un presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad, cuyas operaciones serían manejadas con total discreción e impunidad, como está contemplado. en su artículo 13, que excluye expresamente la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, respecto de las operaciones administrativas de los Fideicomisos Públicos, las cuales se regirán por las normas que creará cada fideicomiso, por cuya infracción sólo habrá sanción administrativa. , no penal, abriendo las puertas a la impunidad y la corrupción en el manejo del patrimonio y los recursos públicos.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, no sólo porque legitima la contratación de deudas de manera indiscriminada, sin control ni registro en la Dirección de Deuda Pública, sino porque abre las puertas a la privatización generalizada de los bienes públicos, incluyendo Alcaldías, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas, lo cual contraviene la Constitución de la República, en especial en los artículos 140, 146, 233, 245, 246 y 248”, afirmó el sindicalista.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y que todas las entidades públicas están a favor de los oligarcas empresariales, quienes, sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de los asuntos públicos.
Recordó a los diputados que por tratarse de una ley orgánica regulada por el artículo 112 de la Constitución, para su aprobación se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes, ya que dicho proyecto de fideicomiso público afecta no solo al sistema económico y financiero, sino también al presupuesto, planificación e inversión pública, por lo que llamó a los partidos políticos de oposición representados en esa cámara, sin cuyo apoyo no es posible la aprobación de dicho proyecto, a defender el patrimonio público, la transparencia y la institucionalidad de los bienes propiedad del Estado dominicano.
Señaló que actualmente no existe ningún vacío en esta materia, ya que los llamados Fideicomisos Públicos están regulados por las Leyes 340-06, sobre Compras y Contratos de Bienes; Ley 200-04, de Información Pública; Ley 247-12, de la Administración Pública; Ley 10-07, de Control Interno del Sector Público, por ser Bien Público y advirtió que la pieza legislativa pretende eliminar esta competencia para anular cualquier resquicio de transparencia en la operación.
Denunció que el Gobierno, en lugar de recurrir a la Ley 47-20 de Asociaciones Público-Privadas, recurre ilegalmente a los Fideicomisos Públicos, ya que permite total discrecionalidad a la hora de contratar, ceder y administrar bienes y fondos públicos.
El presidente del CARD lamentó que lejos de reforzar la protección de los bienes públicos y hacer más eficientes los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todos los bienes del Estado y todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrar ellos honestamente. y prolijamente
El jurista agregó que esta política contraviene el artículo 138 de la Constitución, que establece que la Administración Pública se sujeta en su actuación a los principios de eficiencia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con pleno sometimiento a la legalidad. sistema. Ley del Estado.
