Un polémico análisis realizado por Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República Dominicana y líder de la Fuerza del Pueblo, ha puesto en duda las afirmaciones oficiales sobre la reducción de la pobreza en el país. Según Alburquerque, casi el 40% de los hogares dominicanos sigue dependiendo de programas estatales de asistencia alimentaria, lo que contradice el discurso gubernamental de que más de un millón de personas han salido de la pobreza.
Las cifras oficiales muestran que alrededor de 1.5 millones de hogares reciben mensualmente el programa Aliméntate, mientras que 1.3 millones se benefician del Bono Gas y más de medio millón del Bono Luz. Además, en los últimos dos años, el Estado ha distribuido 10 millones de raciones de alimentos solo en diciembre. Esta situación llevó a Alburquerque a cuestionar la coherencia entre las estadísticas y las políticas sociales implementadas.
En su artículo titulado “El chiste se cuenta solo”, el exvicepresidente señaló que, si bien el gobierno ha celebrado que la República Dominicana haya salido del mapa mundial de la subalimentación de la FAO, la realidad reflejada en los programas sociales sugiere una necesidad persistente de asistencia en una gran parte de la población. Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, unos 500.000 hogares están en situación de pobreza, pero las transferencias estatales alcanzan a un número tres veces mayor.
Alburquerque planteó tres posibles explicaciones para esta discrepancia. En primer lugar, muchas familias podrían haber superado la línea de pobreza sin lograr autonomía económica. En segundo lugar, los registros de beneficiarios podrían estar desactualizados, otorgando ayuda a quienes ya no la necesitan. Por último, sugirió que la expansión de estos programas podría responder a estrategias políticas de dependencia y clientelismo.
El líder político subrayó la necesidad de transparencia en la gestión de los programas sociales, exigiendo que se divulguen detalles sobre las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios y el número de familias que realmente lograron superar la pobreza. Según su visión, el éxito de una política social debe medirse por la capacidad de las familias para alcanzar independencia económica, no por el aumento permanente de beneficiarios.
Este análisis llega en un momento en que el debate sobre la eficacia de los programas sociales y su impacto real en la reducción de la pobreza se ha intensificado en el país. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de explicar estas inconsistencias y garantizar que las ayudas estatales lleguen a quienes más las necesitan, eliminando cualquier sospecha de uso político.
El tema seguirá generando discusión, especialmente en un contexto en el que la ciudadanía demanda mayor claridad y resultados concretos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
