El presunto asesino de Yolanda Handal Abugabir, una mujer de 70 años, y su mascota, ocurrido en el ensanche Naco en julio de 2025, ha sido declarado mentalmente competente para enfrentar su proceso judicial. Jean Andrés Pumarol Fernández, el acusado, fue evaluado por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes confirmaron que posee plena capacidad cognitiva para comprender los cargos y rendir testimonio en audiencia. Este caso ha generado conmoción nacional y ha puesto bajo escrutinio los protocolos de evaluación psiquiátrica en delitos graves.
El homicidio ocurrió cuando Pumarol Fernández irrumpió en varios apartamentos del edificio, atacando con un arma blanca a quienes se interponían en su camino. Al ingresar al hogar de la víctima, la mató, desconectó el teléfono y agredió también a una empleada doméstica y a la perrita de la casa. El hecho generó una ola de indignación y miedo en la comunidad, aumentando las demandas de seguridad ciudadana.
En la segunda evaluación psiquiátrica, realizada el 20 de enero de 2026, la especialista María Virginia González determinó que Pumarol Fernández mantiene habilidades como concentración, juicio y memoria, y que su comportamiento fue cooperativo durante la entrevista. El Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora Díaz, solicitó este examen para asegurar que el proceso judicial cumpla con los estándares legales.
El tribunal, presidido por la jueza Gisselle Méndez y conformado por las juezas Emely Bruna y Yuleiky Hernández, ha pospuesto la audiencia hasta el 30 de noviembre, fecha en que se conocerán los resultados finales del peritaje. Según el abogado Miguel Valerio, si el acusado fuera declarado inimputable, permanecería en un pabellón psiquiátrico dentro de una prisión, descartándose su traslado a un centro privado.
Este caso ha reavivado el debate sobre la atención a la salud mental en el sistema penitenciario y la capacidad del Estado para manejar crímenes violentos. Las autoridades han enfatizado la importancia de seguir los protocolos legales para garantizar un juicio justo y transparente.
El próximo paso será determinar si el proceso seguirá la vía ordinaria o si se iniciará un tratamiento especializado para el acusado. La sociedad espera respuestas claras y una sentencia que garantice justicia para las víctimas y sus familias.
