La muerte repentina de Richard Harney, director de la sociedad irlandesa Xchange 1Way, socia mayoritaria de PagoRD Xchange, ha sacudido el proceso judicial contra la empresa vinculada al escándalo de la Operación Camaleón. Harney falleció el 10 de octubre en Dublín debido a una breve enfermedad, según confirmó un comunicado emitido por PagoRD Xchange. La empresa solicitó un aplazamiento de la audiencia programada para el 10 de noviembre, alegando dificultades para mantener la comunicación con su socia mayoritaria y la inmovilización total de sus fondos. Este giro inesperado podría retrasar aún más un caso que ya ha captado la atención nacional por su conexión con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Harney, quien dirigía Xchange 1Way, propietaria del 99.99% de las cuotas de PagoRD Xchange, falleció en circunstancias que aún no han sido esclarecidas públicamente. Su muerte ha dejado a la empresa en una posición complicada, ya que ahora carece de un interlocutor clave para gestionar su defensa legal. PagoRD Xchange anunció que su abogado, Guillermo R. García Cabrera, solicitará al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional un plazo de 15 días para que el gerente de la compañía, Manuel Eduardo Mora Vázquez, pueda viajar a Irlanda y resolver asuntos de representación. Además, la empresa pedirá la designación de un defensor público para evitar quedar sin representación legal durante el proceso.
El caso de PagoRD Xchange está estrechamente relacionado con la Operación Camaleón, una investigación liderada por el Ministerio Público que involucra al INTRANT. La empresa, acusada de lavado de activos, sostiene que sus operaciones se basaban en un convenio firmado con el INTRANT en julio de 2021. Según este acuerdo, PagoRD Xchange gestionaba pagos electrónicos de servicios públicos, recibiendo una comisión del 10% por estas transacciones. La empresa niega que los fondos en cuestión provinieran directamente del INTRANT y afirma que sus ingresos eran legítimos, respaldados por movimientos bancarios formales y un peritaje contable admitido como prueba.
El Ministerio Público, sin embargo, mantiene su acusación de lavado de activos, aunque no ha imputado a la empresa por estafa ni asociación de malhechores. PagoRD Xchange argumenta que, si se descarta la hipótesis de estafa, la acusación de lavado perdería sustento. Estas declaraciones formarían parte de la estrategia de defensa que el tribunal deberá evaluar en el juicio. Con la solicitud de aplazamiento, la empresa busca tiempo adicional para resolver su situación legal tras la muerte de Harney, un hecho que ha añadido complejidad a un caso ya de por sí controvertido.
La audiencia programada para el 10 de noviembre será crucial, ya que el tribunal deberá decidir si concede el plazo solicitado por PagoRD Xchange y cómo proceder con el caso en ausencia de Harney. Mientras tanto, la empresa mantiene su postura de que sus operaciones fueron legales y cumplieron con los términos del contrato con el Estado dominicano. Este caso, que ha puesto en el centro del escrutinio público la gestión de pagos electrónicos en instituciones estatales, podría ver prolongado su desarrollo debido a este inesperado acontecimiento.
El desenlace de este proceso no solo impactará el futuro de PagoRD Xchange, sino que también podría tener implicaciones más amplias en la forma en que se gestionan los contratos públicos y los pagos electrónicos en el país. La atención ahora se centra en las decisiones judiciales próximas y cómo estas podrían influir en el curso de la Operación Camaleón y otros casos similares.
