La Justicia dominicana ha impuesto 18 meses de prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. Ambos están acusados de formar parte de una red de corrupción que desvió millones de pesos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y afectó a pacientes con cáncer. El caso, conocido como Operación Onco14, ha sacudido al país por su gravedad y por el impacto en el sistema de salud pública.
La jueza Estefani Reyes tomó la decisión tras una audiencia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Sin embargo, los abogados defensores anunciaron que apelarán la medida, argumentando que la juez excedió su función al emitir apreciaciones personales durante la audiencia. Juan Francisco Rodríguez Consoro, representante de Lora Cruceta, afirmó que las valoraciones de la jueza "se escapan de la finalidad de la audiencia". Por su parte, Pantaleón Mieses, abogado de Guzmán, sostuvo que su clienta no tuvo participación directa en los hechos investigados y que no existía peligro de fuga que justificara la prisión preventiva.
El Ministerio Público, representado por Manuel Conde del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), defiende la medida. Según Conde, la investigación reveló que se sustrajo una parte de los 3,750 millones de pesos destinados al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Los acusados habrían duplicado facturas, entregado medicamentos incompletos y cobrado servicios no prestados, entre otras irregularidades.
En contraste, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, fue favorecida con arresto domiciliario. La procuradora general de corte, Mirna Ortiz, destacó que la decisión se basó en pruebas contundentes y que el Ministerio Público seguirá investigando. Ortiz advirtió que "habrá más imputados" en el marco del caso Onco14, señalando que aún no hay acuerdos de cooperación con los procesados.
La investigación ha revelado una serie de prácticas fraudulentas que incluyen el uso de sellos médicos falsos, la venta de medicamentos donados, la realización de cirugías estéticas en el IORC y el lavado de activos. Además, se descubrió que los acusados se asignaron salarios y beneficios ilegítimos, aprovechando su posición en instituciones sin fines de lucro.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la corrupción en el sistema de salud dominicano y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia. Las autoridades aseguran que continuarán profundizando la investigación para recuperar los fondos desviados y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
