Abogados anuncian apelación tras históricas condenas por corrupción en casos Coral
Los defensores de los implicados en los escándalos Coral y Coral 5G no se dan por vencidos. Tras las duras sentencias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que incluyen penas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias, los abogados de los acusados han confirmado que presentarán apelaciones. Entre los condenados figuran altos mandos militares y civiles, en uno de los mayores casos de corrupción administrativa en la historia reciente del país.
Las condenas que sacuden al país
El tribunal, integrado por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, impuso sanciones sin precedentes. El coronel Rafael Núñez de Aza y los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou recibieron las penas más severas: 20 años de cárcel y multas equivalentes a 400 salarios mínimos. Otros acusados, como el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Mata Flores, fueron sentenciados a 10 años.
Félix Portes, abogado de Núñez de Aza, calificó las condenas de "inusuales". "Nunca se habían impuesto penas tan altas por corrupción. Lo habitual eran 8 o 10 años", declaró. Por su parte, Waldo Ariel Paulino, representante de otros condenados, adelantó que recurrirán la sentencia una vez reciban el texto completo el próximo 14 de agosto.
Millonaria indemnización al Estado
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó el pago de 5 mil millones de pesos como reparación al Estado. Paulino evitó pronunciarse sobre este monto hasta conocer los detalles de la resolución.
La trama, que operó entre 2012 y 2020, desvió fondos públicos de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur). Según las pruebas, los implicados utilizaron el dinero para adquirir bienes personales y financiar empresas fantasmas.
Absueltos y empresas disueltas
Mientras 17 personas fueron condenadas, otras siete lograron la absolución, entre ellas Miguel Alfredo Ventura Pichardo y Guillermo Torres Robiou. Seis empresas vinculadas al caso fueron ordenadas a disolverse y pagar multas, incluyendo CSNA Universo Empresarial y Randa Internacional Company.
Un mensaje contundente
Este fallo marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país. Las autoridades judiciales han enviado una señal clara: los delitos contra el erario público no quedarán impunes. Los próximos pasos legales, incluidas las apelaciones, definirán el desenlace final de un caso que ha captado la atención nacional.
El Ministerio Público celebra la decisión como un triunfo en su cruzada por recuperar el patrimonio público, mientras los condenados y sus defensores preparan su batalla legal para revertir las condenas. El 14 de agosto, cuando se conozca la sentencia íntegra, se espera un nuevo capítulo en este emblemático caso.
