Presidente Abinader lidera histórica evaluación pública a magistrados de la Corte Suprema
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició este martes un inédito proceso de escrutinio público a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, marcando un hito en la transparencia del sistema judicial dominicano. Las entrevistas, presididas por el mandatario Luis Abinader en el Palacio Nacional, buscan determinar la continuidad de los magistrados en sus cargos tras una evaluación rigurosa de su desempeño.
Entre los evaluados figuran figuras clave como Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta, cuyas decisiones han moldeado casos de alto impacto nacional. El proceso, transmitido en vivo, contó con la presencia de los máximos representantes del Poder Legislativo, Judicial y Constitucional, incluyendo al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, y al titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Un ejercicio sin precedentes
Esta es la primera vez en la historia reciente del país que los magistrados enfrentan un examen abierto ante el CNM, ente encargado de designar, evaluar y remover a los jueces según la Constitución. Las sesiones, programadas para esta semana, analizarán criterios como independencia judicial, eficiencia y cumplimiento de plazos procesales.
Fuentes cercanas al proceso destacan que los resultados podrían reconfigurar el panorama judicial en medio de críticas ciudadanas por demoras en casos emblemáticos. El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, respaldó la iniciativa como "un paso firme hacia la rendición de cuentas".
¿Qué sigue?
Tras las entrevistas, el CNM emitirá un informe confidencial con recomendaciones que podrían incluir desde ratificaciones hasta remociones. Analistas políticos anticipan que el proceso sentará un precedente para futuras evaluaciones a jueces de instancias inferiores, en línea con reformas prometidas por el gobierno.
El cierre de las audiencias está previsto para este jueves, aunque fuentes oficiales no descartan ampliar el calendario si fuera necesario. Mientras, organizaciones civiles monitorean el desarrollo de lo que ya se perfila como un punto de inflexión para la justicia dominicana.
