Más de 300 familias campesinas denuncian desalojo violento y robo de tierras estatales en Monseñor Nouel
Un escándalo de proporciones nacional estalló este martes tras la denuncia de más de 300 familias campesinas en Villa Sonador, Piedra Blanca, que aseguran haber sido desalojadas de manera violenta y arbitraria de tierras estatales por grupos privados, supuestamente con apoyo de militares y autoridades locales. Los afectados, algunos con décadas de residencia en la zona, quedaron en la calle, mientras sus pertenencias y cultivos fueron destruidos o robados.
Los campesinos, agrupados en la Asociación de Agricultores de Villa Sonador, realizaron una protesta frente al Palacio de Justicia de La Vega, donde se llevaría a cabo una audiencia sobre el caso. Según su relato, hombres armados irrumpieron en sus propiedades el pasado 11 de septiembre sin presentar orden judicial, destruyendo viviendas y llevándose animales, electrodomésticos y enseres domésticos. Entre las víctimas hay adultos mayores y enfermos, algunos de los cuales sufrieron crisis médicas durante el operativo.
Tierras en disputa
Francisco Beltré, vocero de los agricultores, aseguró que las tierras fueron adquiridas legalmente hace años bajo programas de reforma agraria impulsados durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Sin embargo, privados alegan ser los dueños y habrían actuado con documentos de dudosa procedencia. "Nos sacaron como si fuéramos delincuentes. Usaron un título falso para arrebatarnos lo que es del Estado", denunció Máximo Rosario Reyes, otro de los afectados.
El caso involucra las parcelas 12 y 15, que según registros oficiales forman parte del patrimonio estatal desde 1969. Organizaciones sociales y el padre Rogelio Cruz, presente en la protesta, acusan un "abuso de poder" y complicidad de funcionarios, incluyendo supuestos vínculos entre el Abogado del Estado y los desalojadores.
Historias de dolor
Dulce Minerva Báez, de 70 años, contó cómo la sacaron de su casa al amanecer, sin permitirle siquiera vestirse. Su esposo, en condición delicada de salud, cayó durante el desalojo y tuvo que ser hospitalizado. "Me destruyeron todo, no nos dejaron nada", dijo entre lágrimas.
El Ministerio Público ya investiga los hechos, mientras la presión social aumenta. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre un posible antecedente peligroso para otras comunidades campesinas en el país.
¿Qué sigue?
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han sido emplazadas a intervenir. Los agricultores exigen justicia y la restitución de sus tierras, en un caso que podría escalar a instancias internacionales si no hay respuestas inmediatas. La tensión en la zona sigue latente, mientras las familias desalojadas sobreviven en condiciones precarias.
