Francia se prepara para una huelga masiva este 5 de noviembre que amenaza con paralizar el país, en un clima de creciente tensión social y protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron. Los principales sindicatos convocaron la movilización tras las masivas manifestaciones de los últimos sábados, marcadas por la represión policial y una profunda crisis de autoridad.
La Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por Sophie Binet, ha hecho un llamamiento explícito a "generalizar la huelga" más allá del 5 de noviembre, promoviendo asambleas en centros laborales. Sin embargo, no todos los sindicatos comparten este enfoque combativo. Algunos, como la CFDT, prefieren mantener el diálogo con el gobierno, mientras que otros intentan distanciarse de las protestas más radicales.
El sindicato Solidaires, excluido de las negociaciones oficiales, apoya firmemente la huelga y busca extenderla. Mientras tanto, sectores como la policía muestran divisiones internas, con algunos grupos cercanos a posturas de extrema derecha.
La situación recuerda peligrosamente al Mayo del 68, cuando las protestas estudiantiles desencadenaron una huelga general histórica. Actualmente, el movimiento ya ha logrado paralizar parcialmente ciudades como Toulouse y Le Havre, con trabajadores de Airbus, Siemens Gamesa y el sector energético sumándose a las acciones.
Un elemento novedoso es la propuesta que circula en redes sociales para que las víctimas del racismo realicen un paro laboral masivo. Como expresó Khalis, un joven de Le Havre: "Si los negros y árabes dejan de trabajar una semana, la economía se paraliza". Sectores con alta presencia migrante, como la logística, la construcción y los servicios de alimentación, podrían verse especialmente afectados.
La estrategia del gobierno francés parece centrarse en dividir el movimiento, criminalizando las protestas más combativas mientras negocia con los sindicatos moderados. Pero el temor a una huelga general real persiste, especialmente tras el fracaso de otras medidas para contener las movilizaciones.
En varias ciudades francesas ya se formaron asambleas intersectoriales que reúnen a estudiantes, trabajadores y activistas. En Toulouse, 800 personas planearon acciones conjuntas, mientras en Saint-Denis 200 trabajadores y estudiantes universitarios coordinaron campañas de difusión.
El 5 de noviembre se perfila como una prueba crucial. Si la huelga logra extenderse a sectores clave como el transporte, la energía y los servicios públicos, Francia podría enfrentar su mayor crisis social en años, con posibles repercusiones en toda Europa. El gobierno francés juega contra reloj para evitar lo que muchos temen: un nuevo Mayo del 68 en pleno siglo XXI.
