El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta un juicio político tras una grave crisis financiera que dejó a tres millones de personas sin acceso a sus ahorros. La bancarrota del Ueno Bank, que colapsó tras un escándalo de corrupción y mal manejo de fondos públicos, ha desatado una ola de protestas masivas en el país sudamericano.
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay declaró insolvente al Ueno Bank y lo intervino. Inmediatamente, los ahorristas quedaron imposibilitados de retirar su dinero. El gobierno prometió reembolsos, pero solo hasta un máximo de 1.624 dólares por persona, una cifra insuficiente para muchos afectados.
Las investigaciones revelaron que el banco desvió millones de dólares en préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo propietario, el Grupo Vázquez. Peña, quien fue accionista de la entidad antes de asumir la presidencia, facilitó la expansión del banco otorgándole una licencia y permitiéndole manejar fondos públicos, incluidos 380 millones destinados a jubilaciones y salud.
La indignación ciudadana llevó a miles a las calles exigiendo justicia. Las protestas fueron reprimidas por la policía, pero la presión política siguió creciendo. La Cámara de Diputados votó unánimemente por el juicio político, y ahora el Senado debe decidir si destituye a Peña.
Horacio Cartes, ex presidente y líder del Partido Colorado, apoyó el juicio político, lo que selló el destino de Peña. En un intento por evitar su destitución, Peña renunció, pero la maniobra fracasó cuando los legisladores rechazaron su dimisión.
Si es destituido, el vicepresidente Pedro Alliana, cercano a Cartes, asumiría el cargo. Sin embargo, Alliana también está implicado en el escándalo de Ueno Bank, lo que genera dudas sobre un posible cambio real en el gobierno.
La crisis no solo afecta la economía paraguaya, sino que también ha sacudido la confianza en el sistema bancario. Muchos ciudadanos han retirado sus ahorros de otros bancos por temor a nuevas quiebras.
El escándalo expone una red de corrupción que involucra a empresarios y políticos, cuestionando la integridad del régimen paraguayo. Mientras Peña lucha por mantener su cargo, millones siguen sin poder recuperar su dinero, y la furia popular no muestra señales de disminuir.
Este caso no solo marca un punto crítico para Paraguay, sino que también resalta los riesgos de la falta de transparencia en el manejo de instituciones financieras y fondos públicos. La situación sigue siendo volátil, y el desenlace podría tener consecuencias significativas para la región.
