La Policía Federal deberá indagar si hubo recursos procedentes del exterior, publicidad electoral pagada por extranjeros y posibles manipulaciones de algoritmos en redes sociales durante las elecciones presidenciales de 2026.
La Corte Suprema de Brasil ordenó abrir una investigación sobre posibles interferencias extranjeras en las elecciones presidenciales de 2026, incluidas sospechas de financiamiento externo a la campaña del senador Flávio Bolsonaro y el uso de redes sociales para influir en la contienda electoral.
La decisión fue adoptada este martes por el magistrado Flávio Dino, quien dispuso que la Policía Federal investigue el origen, la circulación y el destino de posibles recursos extranjeros utilizados durante la campaña, así como eventuales pagos por publicidad política y manipulaciones de algoritmos digitales.
Las conexiones con una organización estadounidense bajo investigación
Uno de los puntos que deberán esclarecer las autoridades son los presuntos contactos entre empresarios brasileños y la organización estadounidense Rockbridge Network, que habría participado en conversaciones para conseguir apoyo financiero para la candidatura de Bolsonaro.
La investigación buscará determinar si existieron transferencias de dinero, prestación de servicios, personal u otros beneficios económicos a favor de la campaña, además de identificar a los posibles intermediarios y el origen de los recursos.
También se examinarán publicaciones electorales difundidas por perfiles radicados en el extranjero, algunas de ellas supuestamente pagadas y favorables a Flávio Bolsonaro. Las autoridades deberán establecer quién financió esos contenidos y si la candidatura tenía conocimiento o participación en esas operaciones.
El papel de los algoritmos en la campaña electoral
La investigación también pone bajo la lupa el funcionamiento de las plataformas digitales y la posibilidad de que sus algoritmos fueran manipulados para favorecer o perjudicar a determinados candidatos.
El caso se produce en medio de cuestionamientos sobre el papel de las redes sociales en las elecciones brasileñas. Durante la campaña, la candidatura de Lula había denunciado un supuesto trato desigual en los algoritmos y en las restricciones aplicadas a contenidos políticos. Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, negó que existiera un sesgo político deliberado y afirmó haber adoptado medidas para cumplir las exigencias de las autoridades electorales.
Una investigación que todavía debe establecer responsabilidades
La orden judicial no significa que se haya demostrado que la campaña de Flávio Bolsonaro recibió dinero extranjero ni que participó en una manipulación de algoritmos. Esos son precisamente algunos de los hechos que la Policía Federal deberá comprobar o descartar.
El magistrado también dispuso comunicar la decisión a organismos públicos brasileños, entre ellos dependencias relacionadas con la justicia, las relaciones exteriores, la inteligencia y el sistema financiero, para que evalúen posibles medidas dentro de sus competencias.
La investigación abre un nuevo frente sobre la transparencia del financiamiento político y la influencia de actores extranjeros en los procesos electorales. Su alcance dependerá de las pruebas que logren reunir las autoridades y de las responsabilidades que, en su caso, puedan establecerse conforme a la legislación brasileña.
