Modificación a Ley de Residuos Sólidos genera rechazo en sectores productivos de República Dominicana
Una reciente modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada por el Congreso Nacional de República Dominicana, ha desencadenado críticas de diversos sectores empresariales. Empresas y asociaciones advierten que la normativa podría tener impactos negativos en la economía, la libertad de empresa y la competitividad del país, al imponer cargas desproporcionadas y limitar la participación del sector privado.
Adocem: Obligación de coprocesamiento vulnera la libertad de empresa
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) ha denunciado que la nueva ley obliga al uso de combustibles derivados de residuos en los hornos cementeros, una medida que consideran inconstitucional. Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, señaló que esta disposición viola el principio de libertad empresarial consagrado en la Constitución. Además, destacó que, en República Dominicana, no existe un mercado estructurado de combustibles alternativos que garantice el suministro, calidad y cantidad necesarios para el coprocesamiento. Adocem también cuestionó que esta disposición se incluyó en la ley sin un diálogo transparente con los sectores afectados.
Amchamdr: Aumento de tasas carece de sustento técnico y afecta la inversión
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) también ha expresado su preocupación, particularmente por el aumento del 275 % en la contribución especial para la gestión de residuos. La entidad argumenta que esta medida, implementada sin respaldo técnico, podría afectar la competitividad del país y perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Además, Amchamdr criticó disposiciones que restringen la libertad de gestión de residuos y promueven condiciones monopólicas, como la obligación de utilizar un solo relleno sanitario por región. La organización reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental, pero pidió un marco regulatorio más equilibrado.
Codopyme: Ley amenaza con cerrar miles de mipymes
Por su parte, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) ha sido aún más crítica, calificando la ley como “desproporcionada, inflexible e injusta”. La organización advirtió que el aumento de las tasas, que oscila entre el 160 % y el 500 %, podría obligar al cierre de miles de negocios pequeños y medianos. Codopyme también denunció la falta de consulta con el sector, que representa el 98 % del tejido empresarial del país. La entidad anunció que buscará acciones legales para declarar la inconstitucionalidad de la normativa y promoverá una respuesta colectiva del sector.
Turismo y otros sectores se suman al rechazo
El sector turístico, representado por asociaciones como Asonahores y Adeti, también ha expresado su oposición a la reforma. Los gremios turísticos criticaron la exclusión del sargazo como residuo en la normativa, lo que dificulta su adecuada disposición, y alertaron sobre las limitaciones a la gestión directa de residuos por parte de las empresas. Además, denunciaron que la ley podría promover monopolios y elevar costos, perjudicando la competitividad del sector.
Llamado a la revisión de la ley
Ante este escenario, Adocem, Amchamdr y Codopyme han instado al Poder Ejecutivo a observar el proyecto de ley y promover un proceso de revisión más inclusivo. Los sectores afectados coinciden en que, aunque valoran la importancia de una gestión moderna de residuos, la modificación actual presenta deficiencias técnicas y económicas que podrían tener consecuencias negativas para la economía y el desarrollo sostenible del país.
Conclusión
La modificación a la Ley de Residuos Sólidos ha generado un fuerte rechazo entre los sectores productivos de República Dominicana, que consideran que la normativa no solo es desproporcionada y técnicamente deficiente, sino que también amenaza la competitividad y la sostenibilidad económica del país. Ante esta situación, las empresas y asociaciones afectadas esperan que el gobierno revise la ley y promueva un diálogo más equilibrado para lograr una implementación justa y efectiva.
