El derecho al voto de militares y policías en República Dominicana ha vuelto al centro del debate tras las declaraciones de la jueza del Tribunal Constitucional Sonia Díaz Inoa. Este tema, que enfrenta posturas divididas, podría cambiar la relación entre democracia y poder militar en el país. Actualmente, la Constitución prohíbe explícitamente que los uniformados ejerzan el sufragio, pero algunos sectores piden revisar esta norma.
El artículo 208 de la Constitución dominicana establece que los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden votar. Sin embargo, esto no siempre fue así. Entre 1854 y 1924, los militares sí tenían ese derecho. La prohibición llegó tras una serie de crisis políticas y gobiernos de origen militar, con el objetivo de garantizar la neutralidad de estas instituciones.
Amado Díaz, vocero del bloque de diputados del PRM, respaldó el planteamiento de la jueza Díaz Inoa, pero advirtió que el país debe evaluar si está preparado para dar este paso. “Habría que ver si esta sociedad ya está madura y si tenemos instituciones fuertes como para permitir que los militares puedan ejercer el derecho al voto”, dijo en una entrevista.
Por su parte, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señaló que el tema debe discutirse sin prejuicios históricos. Recordó que el voto militar fue permitido en el pasado y sugirió que una reforma constitucional podría ser la solución. “Si se autoriza el voto militar, no habría implicación negativa”, afirmó.
En América Latina, solo cuatro países —República Dominicana, Cuba, Haití y Venezuela— mantienen la prohibición total del voto militar. En otros, como Chile, México, Argentina, Colombia y Bolivia, los uniformados pueden votar bajo ciertas restricciones. Peralta propuso una vía intermedia: “En algunos países se permite votar, pero no ser elegidos. Eso podría ser una opción”.
Sin embargo, el tema sigue generando polémica. Algunos sectores advierten que el país aún no tiene la fortaleza institucional para garantizar que el voto dentro de los cuarteles sea libre y sin presiones jerárquicas. Para implementar cualquier cambio, sería necesaria una reforma constitucional, ya que la actual Carta Magna lo prohíbe expresamente.
El debate sigue abierto. Mientras algunos ven el voto militar como un avance hacia la inclusión democrática, otros lo consideran un riesgo de politización castrense. La pregunta clave sigue en el aire: ¿Está lista la democracia dominicana para que también voten quienes están llamados a defenderla?
