Nuevo aplazamiento en escándalo de corrupción que sacude al sistema de tránsito dominicano
El juicio preliminar contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel "Jochy" Gómez, acusados de desviar más de 1,300 millones de pesos en contratos irregulares de semáforos, fue suspendido por tercera vez. La decisión judicial, anunciada este martes, pospone el proceso hasta el 16 de marzo, generando indignación en un caso que ha expuesto graves fallas en la gestión pública.
La jueza Yanibet Ribas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aceptó una solicitud de los defensores debido a la ausencia por licencia médica del abogado Marino Feliz Rodríguez, representante de la empresa Aurix S.A.S., implicada en el esquema. El Ministerio Público intentó evitar el retraso pidiendo separar el expediente de la compañía, pero el tribunal rechazó la petición por considerar necesaria "una debida asesoría legal".
Operación Camaleón: un caso emblemático
Los imputados, que incluyen también a Frank Díaz Warden y otros cinco funcionarios y empresarios, enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y fraude tecnológico. Las investigaciones revelaron que el grupo habría manipulado licitaciones y sabotizado la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto de 2024, causando caos vial durante semanas.
El escándalo, uno de los mayores casos de corrupción en infraestructura de la última década, ha puesto en evidencia vulnerabilidades en el control de fondos públicos. Las acusaciones se sustentan en leyes como la 155-17 contra el Lavado de Activos y la 53-07 sobre Delitos Tecnológicos, que podrían llevar a penas de hasta 20 años de prisión.
Impacto nacional y reclamos de celeridad
Mientras el proceso judicial avanza a paso lento, organizaciones civiles exigen transparencia. "Cada retraso erosiona la confianza en el sistema", señaló un portavoz de la ONG Participación Ciudadana, sin atribuirse directamente. El caso ha reabierto el debate sobre la impunidad en casos de corrupción de alto perfil, en un país donde el 62% de la población desconfía de las instituciones, según encuestas recientes.
Con la nueva fecha fijada para marzo, las miradas están puestas en la fiscalía y el poder judicial. La resolución final podría sentar un precedente clave en la lucha contra el crimen organizado dentro del Estado. Mientras tanto, los imputados mantienen su libertad bajo fianza.
