El Gobierno dominicano enfrenta críticas por su proyecto de fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), tras un llamado urgente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) para retomar el diálogo y evitar ambigüedades jurídicas que podrían afectar la autonomía universitaria. La propuesta, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, ha generado preocupación entre las instituciones educativas por su impacto en la gobernanza y la calidad del sistema educativo del país.
La ADRU, que agrupa a 30 universidades públicas y privadas, advirtió que el proyecto no incorpora los aportes técnicos de las comisiones creadas por el Poder Ejecutivo para enriquecerlo. Según la entidad, esto pone en riesgo la legitimidad y pertinencia de la reforma. Además, señaló que el modelo de gobernanza propuesto elimina los principales organismos de decisión, como el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT), concentrando el poder en un solo órgano consultivo. Esto, según la ADRU, debilita la democracia en el sistema educativo.
El nuevo ministro del Mescyt, Rafael Santos Badía, confirmó que su designación tiene como objetivo principal llevar a cabo la fusión, una tarea encomendada directamente por el presidente Luis Abinader. Santos Badía ha iniciado una serie de reuniones con organizaciones y líderes políticos para buscar consenso sobre el proyecto, que fue presentado al Congreso el 11 de diciembre de 2025 y está siendo analizado por una comisión legislativa.
La ADRU también propuso la creación de una agencia autónoma de acreditación para la educación superior, alineada con estándares internacionales, para garantizar la calidad y separar claramente las funciones de regulación, evaluación y acreditación. Esta medida busca evitar conflictos de interés y fortalecer el sistema educativo dominicano.
El debate sobre la fusión de los ministerios continúa en el Congreso, mientras el Gobierno busca avanzar en su implementación. La ADRU insiste en que cualquier reforma debe proteger la autonomía universitaria y garantizar mecanismos de rendición de cuentas. El desenlace de este proceso podría marcar un hito en la estructura educativa del país.
