Procompetencia investiga colusión en licitación de alimentos escolares

Procompetencia investiga colusión en licitación de alimentos escolares

Investigación por fraude en compras de comida escolar sacude al país

Autoridades anticorrupción han destapado un presunto caso de manipulación en licitaciones millonarias para alimentar a estudiantes de escuelas públicas. Tres empresas vinculadas familiarmente están bajo la lupa por supuesta colusión en contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), organismo que gestiona el desayuno escolar para millones de niños.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) ordenó una investigación formal tras detectar "coincidencias sospechosas" en las ofertas presentadas por las firmas de Ana Esmeralda Santana, Andrea Polanco Santana e Ireana Nova Santana. Las pruebas incluyen documentos bancarios con numeración consecutiva, uso del mismo notario y contador, e incluso idénticos informes de control de plagas firmados por el mismo técnico.

Patrón alarmante
Este caso marca el primer escándalo de 2026 en compras públicas, luego de que el año pasado se registraran cinco investigaciones similares contra 16 empresas. Las sospechas apuntan a violaciones de la Ley 42-08, que prohíbe acuerdos secretos entre competidores para fijar precios o repartirse contratos.

Fuentes oficiales enfatizaron que la apertura de la investigación no implica culpabilidad, pero advirtieron que, de confirmarse los indicios, se trataría de un fraude que perjudica directamente el presupuesto educativo. "Estas prácticas encarecen costos y reducen la calidad del servicio que reciben los estudiantes", explicó un portavoz de Procompetencia.

Impacto nacional
El Programa de Alimentación Escolar es vital para familias de bajos recursos, con un presupuesto que supera los 20 mil millones de pesos anuales. Expertos señalan que este tipo de irregularidades podrían explicar retrasos en la entrega de alimentos o deficiencias nutricionales reportadas en algunas escuelas durante 2025.

Mientras las empresas involucradas tienen 30 días para presentar sus descargos, el caso reaviva el debate sobre la transparencia en las compras estatales. El Ministerio de Educación anunció que auditará todos los contratos vigentes con el Inabie, en medio de creciente presión ciudadana por limpiar el sistema.

La investigación podría extenderse por meses, pero sus resultados sentarán un precedente clave en la lucha contra la colusión empresarial en el país.

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