Cuatro ciudadanos han sido llamados a juicio por "su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de estafa y tráfico ilícito de migrantes, en concurso ideal de infracciones", informó este jueves la Fiscalía.
Los imputados son Gladys Irene Ch., Ignacio Benjamín V., Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M, mientras que las personas jurídicas "American Resident" y "AR Relocation Agency" han sido llamados a juicio únicamente por el delito de presunto tráfico de migrantes. .
El tribunal ratificó la orden de prisión preventiva para Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., y ordenó la inmovilización de sus fondos y bienes, por $1.209.943.
Para Daniel Alfonso M. ordenó presentación periódica y prohibición de salida del país, así como la retención de fondos por $32.000.
La investigación reveló una supuesta estructura delictiva organizada, que operó en Cuenca (sur), entre diciembre de 2019 y mediados de 2022, presuntamente bajo la dirección y planificación de Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., y la colaboración de Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M.
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Las víctimas fueron captadas a través de las redes sociales, a quienes se les ofreció una visa de trabajo para viajar a EE.UU., dijo la Fiscalía.
Las citas con los interesados se realizaron en Cuenca, en las oficinas de “American Resident”, donde -previo a la firma de un contrato por los servicios ofrecidos- se les explicó los costos: entre 12.000 y 20.000 dólares si la víctima quería ganar entre 12 y $50 la hora.
Los lesionados debían realizar un pago inicial de hasta el 50%, y luego eran obligados a realizar cursos de capacitación en el área en la que debían trabajar, por lo que debían pagar alrededor de 2.000 dólares adicionales.
Además, pidieron a las víctimas someterse a exámenes médicos, acreditar buen estado de salud, entre otros requisitos, para que pareciera que todas las actuaciones fueron legales, señaló la Fiscalía.
Tras la insistencia de las víctimas, con el fin de agilizar los trámites, Gladys Irene Ch. al parecer pidió que fueran a las oficinas a firmar contratos de trabajo con supuestas empresas.
En esta fase de la negociación, los perjudicados debían entregar otro porcentaje del dinero, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación determinó que los contratos eran falsos y que Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V. no tenían contactos con empresas en los Estados Unidos.
Finalmente, las víctimas acudieron a la cita en el Consulado de Estados Unidos, en Quito, sin los formularios básicos y con documentación que contenía información alterada, por lo que se les negaron las visas.
El dinero fue entregado en efectivo ya través de transferencias a las cuentas de los imputados y sociedades jurídicas, las cuales fueron creadas con el propósito de recaudar el dinero y reclutar a las víctimas.
PERICIA
En audiencia de evaluación y preparación de juicio, el fiscal Severo Ríos sustentó la acusación con un peritaje realizado sobre los 273 contratos suscritos entre las víctimas y “American Resident”, mediante el cual “se estableció que ninguno fue cumplido”.
Además, un peritaje contable, que demuestra la existencia de depósitos y transferencias realizadas por las víctimas a las cuentas de Ignacio Benjamín V. y personas jurídicas por $1.209.943 ya la cuenta de Concepción Magdalena U., por $26.100.
A esto se sumaron versiones de más de 20 víctimas y ex empleados de “American Resident”, 279 carpetas con documentación de las víctimas, actas de allanamiento e informes de investigación de la Policía.
Asimismo, documentación de la Asistencia Investigativa de la Embajada de Estados Unidos e informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE).
En la Fiscalía de la provincia del Azuay (cuya capital es Cuenca) hay 38 casos de estafa en los que Gladys Irene Ch. está siendo investigado, de los cuales 33 se encuentran en investigación previa, 4 en etapa de investigación fiscal y uno en etapa preparatoria de sentencia.
Express Diario
