El Gobierno dominicano dejó sin ejecutar más de RD$12,983 millones en inversión pública durante el año pasado, según denunció el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esta cifra representa un 6.2% del presupuesto total asignado para gastos de capital, lo que, según la oposición, ha afectado gravemente el desarrollo de infraestructuras y servicios básicos en el país.
De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno había presupuestado RD$207,751 millones para inversión pública en 2023, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, solo ejecutó RD$194,768 millones. El PLD criticó esta gestión, calificándola de "improvisada" y "ineficiente", y aseguró que refleja una falta de prioridad hacia las necesidades urgentes del país.
Ramón Pepín, secretario de Obras Públicas del PLD, destacó durante una rueda de prensa que este nivel de inversión es insuficiente para abordar problemas críticos en áreas como transporte, salud, educación y suministro de agua. "No se trata de falta de recursos, sino de incapacidad para gestionarlos adecuadamente", afirmó Pepín, quien acusó al Gobierno de no tener una visión clara de desarrollo.
Además, el PLD señaló que la situación podría empeorar. Para 2026, el presupuesto asignado para gastos de capital es de RD$215,285 millones, lo que representa apenas el 2.5% del PIB. Según la organización, esta cifra confirma que no hay un cambio de rumbo en la política de inversión pública, lo que podría llevar al país a un deterioro progresivo de su infraestructura.
Las críticas del PLD llegan en un momento en que el Gobierno enfrenta presión por mejorar la ejecución de proyectos clave. La oposición hizo un llamado a las autoridades para corregir lo que describió como una "distorsión en la gestión de los recursos públicos", advirtiendo que la falta de acción podría tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo nacional.
Este debate sobre la inversión pública se enmarca en un contexto nacional donde la infraestructura y los servicios básicos siguen siendo una demanda prioritaria para la ciudadanía. La capacidad del Gobierno para responder a estas necesidades será clave en los próximos años, especialmente en un escenario económico marcado por desafíos globales.
