La infiltración del narcotráfico en la política dominicana ha alcanzado niveles alarmantes, según revelan una serie de casos recientes que exponen cómo las redes criminales han logrado penetrar en campañas electorales, cargos públicos y estructuras políticas. Expertos advierten que este fenómeno opera sin disimulo y ha debilitado gravemente las instituciones del país.
Uno de los casos más destacados es el de Esteffani “Ethian” Vásquez Amarante, esposo de la diputada Jacqueline Fernández, quien fue solicitado en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red internacional de narcotráfico. Vásquez, quien fue gerente de campaña de Fernández, ha negado las acusaciones, pero su caso ha generado dudas sobre el origen de los recursos que financiaron la campaña de la legisladora.
En la capital, un regidor en funciones admitió haber transportado cientos de kilos de cocaína mientras ocupaba su cargo, lo que ha levantado serias preocupaciones sobre cómo funcionarios electos pueden operar impunemente durante años. Además, Gaspar Antonio Polanco, empleado del Ayuntamiento del Distrito Nacional, se entregó a las autoridades estadounidenses tras ser vinculado a redes de narcotráfico internacional.
Otro caso que ha llamado la atención es el de Fabio Augusto Jorge-Puras, asesor honorífico del Poder Ejecutivo, acusado de distribuir cocaína hacia Estados Unidos y Colombia. A esto se suma la diputada Rosa Amalia Pilarte, señalada por presunto lavado de activos en una estructura liderada por su esposo, Micky López.
La debilidad institucional y la falta de controles son señaladas como las principales causas de esta problemática. La Junta Central Electoral no puede impedir candidaturas sin una sentencia firme, y los partidos políticos carecen de herramientas para investigar el origen de los fondos que financian sus campañas. “Los narcos no reciben rechazo dentro de los partidos; es lo contrario”, afirma el politólogo Belarmino Ramírez.
Aunque este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana —países como México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia enfrentan situaciones similares—, los expertos coinciden en que la fragilidad de las instituciones facilita la penetración del crimen organizado en la política.
En resumen, la infiltración del narcotráfico en la política dominicana es un problema grave que requiere medidas urgentes para fortalecer las instituciones y garantizar la transparencia en los procesos electorales. Sin acciones concretas, el país seguirá siendo vulnerable a la influencia de las redes criminales.
