Explosión de permisos ambientales enciende alarmas: 6,500 autorizaciones en un año ponen en riesgo ecosistemas
El Ministerio de Medio Ambiente ha desatado una polémica nacional al aprobar un récord histórico de 6,500 permisos ambientales en 2025, una cifra que supera en más de 200 veces el promedio anual de autorizaciones otorgadas en años anteriores. Expertos y organizaciones ambientalistas advierten que esta avalancha de licencias, muchas sin estudios técnicos rigurosos, amenaza con colapsar frágiles ecosistemas y comunidades vulnerables.
Institucionalidad bajo fuego
Fuentes del sector ambiental denuncian que la cartera, que apenas recibe el 1% del presupuesto nacional, carece de personal calificado y transparencia para evaluar proyectos de alto impacto. "Es una situación penosa. Se están firmando permisos como si fueran panfletos, sin considerar los riesgos", alertó un reconocido experto en gestión ambiental, quien señaló casos críticos como autorizaciones en zonas de manglares y cuencas hidrográficas sin evaluaciones serias.
Entre los proyectos cuestionados figuran intervenciones en la presa Valdesia y áreas protegidas, donde comunidades locales ya reportan daños irreversibles. Las críticas apuntan también a la designación de funcionarios sin experiencia técnica en puestos clave, lo que habría debilitado la capacidad de supervisión.
¿Intereses ocultos?
Aunque el Ministerio defiende las autorizaciones como parte de un "impulso al desarrollo", voces críticas sospechan que detrás del boom de permisos podrían esconderse favores políticos o presiones de grupos económicos. "Cuando se aprueban miles de proyectos sin recursos para fiscalizarlos, algo huele mal", afirmó una fuente académica bajo condición de anonimato.
El caso ha reabierto el debate sobre la fragilidad de las instituciones ambientales en el país, históricamente subfinanciadas y expuestas a influencias externas. Mientras tanto, organizaciones sociales preparan acciones legales para exigir la revisión de permisos "sospechosos".
Con una crisis ecológica en ciernes y la credibilidad institucional en entredicho, el gobierno enfrenta una presión creciente para demostrar que los controles ambientales no son solo un trámite burocrático.
