La Oficina del Fiscal General de Maryland publicó una versión redactada de un informe de investigación que detalla las acusaciones de abuso sexual contra más de 150 sacerdotes católicos, así como personas relacionadas con la iglesia a quienes se les pidió que revisaran la respuesta de la arquidiócesis de Baltimore.
Los resultados redactados se hicieron públicos el miércoles por la tarde, lo que marca un progreso significativo en la batalla legal en curso sobre su publicación y se suma a la creciente evidencia de las parroquias de todo el país, ya que numerosas revelaciones similares han sacudido a la Iglesia Católica en los últimos años. La legislatura estatal también aprobó un proyecto de ley el miércoles para poner fin al estatuto de limitaciones de las demandas civiles relacionadas con el abuso. El proyecto de ley ahora pasa al gobernador, Wes Moore.
El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, quien asumió el cargo en enero, hizo público el informe. Antes de una conferencia de prensa el miércoles, Brown se reunió con varias víctimas para resumir los hallazgos y agradecerles por presentarse.
“Lo que hemos aprendido es que la historia incontrovertible descubierta por esta investigación es una de abuso generalizado, pernicioso y persistente por parte de sacerdotes y otro personal de la Arquidiócesis”, dijo Brown durante la conferencia de prensa. “También es una historia de repetidos encubrimientos de ese abuso por parte de la Iglesia Católica”.
El informe se centra principalmente en los años anteriores a 2002, cuando una investigación del Boston Globe sobre abusos y encubrimientos en la Arquidiócesis de Boston provocó una explosión de revelaciones en todo el país. Por primera vez, los obispos católicos del país acordaron reformas que incluían la prohibición de por vida del ministerio para cualquier sacerdote que cometiera un solo incidente de abuso.
Aunque las nuevas políticas nacionales mejoraron significativamente el manejo interno de los informes de abuso en la Arquidiócesis de Baltimore después de 2002, el informe señala que hubo fallas, como que la lista pública de abusadores no incluía a todos los conocidos; su junta de revisión independiente está limitada por la información que brindan los funcionarios de la Iglesia sobre presuntos abusos; ya algunos presuntos abusadores se les ha permitido jubilarse, con apoyo financiero, en lugar de ser expulsados.
El predecesor de Brown, Brian Frosh, inició la investigación en 2019 y anunció su finalización en noviembre, diciendo que los investigadores revisaron más de 100.000 páginas de documentos que datan de la década de 1940 y entrevistaron a cientos de víctimas y testigos. El contenido del informe no se publicó de inmediato porque incluye información obtenida de funcionarios de la Iglesia a través de citaciones del gran jurado, que son procedimientos confidenciales en Maryland.
Abogados del Estado pidieron permiso a un tribunal para hacer público el documento de casi 500 páginas que acusa a 156 sacerdotes, y otras personas asociadas a la Iglesia, de abusar de más de 600 víctimas en los últimos 80 años. El juez Robert Taylor del Tribunal de Circuito de Baltimore dictaminó el mes pasado que se debe hacer pública una versión redactada. Los funcionarios recientemente comenzaron a hacer las redacciones necesarias, incluida la eliminación de los nombres y títulos de 37 personas acusadas de delitos.
El informe fue publicado durante la Semana Santa, que concluye la Cuaresma y es considerada la época más sagrada del año en la cristiandad, antes del Domingo de Resurrección. Taylor también dijo que los legisladores de Maryland deberían poder revisar el contenido del informe durante la sesión legislativa actual, que finaliza el 10 de abril.
La aprobación de los legisladores de un proyecto de ley para poner fin al estatuto de limitaciones en el estado se produjo después de que propuestas similares fracasaran en los últimos años. El tema ha vuelto a ser el centro de atención en esta sesión. El gobernador Wes Moore ha dicho que lo apoya.
Actualmente, las víctimas de abuso sexual infantil en Maryland no pueden demandar después de cumplir 38 años. El proyecto de ley eliminaría el límite de edad y permitiría reclamos retroactivos.









