El sistema de justicia dominicano enfrenta una crisis sin precedentes debido a la falta de recursos, el uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de inversión en infraestructura judicial, según denunció el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDPP). La organización acusó al presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, de omitir estos problemas clave al analizar el colapso del sistema, lo que ha generado un impacto profundo en la administración de justicia y en la confianza ciudadana.
El IDPP destacó que el uso desmedido de la prisión preventiva, impulsado por el Ministerio Público, ha saturado los tribunales con trámites innecesarios. Esto incluye recursos de apelación y revisión que consumen gran parte del tiempo de los jueces, especialmente en casos de baja o mediana gravedad. Además, señalaron que esta práctica no solo retrasa los procesos, sino que también agrava el hacinamiento en las cárceles.
Otro punto crítico es el recorte sistemático del presupuesto destinado al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Según el IDPP, esta medida viola la Constitución dominicana, que garantiza la autonomía financiera del sistema judicial. El déficit acumulado supera los RD$25,000 millones, lo que ha llevado a salarios bajos y a una fuga masiva de personal hacia el sector privado. Esta falta de recursos también ha impedido la creación de nuevos tribunales y salas penales, necesarios para atender el aumento de casos derivados del crecimiento poblacional y de nuevos delitos relacionados con la tecnología.
Carlos Balcácer, presidente del IDPP, afirmó que estas deficiencias han creado un círculo vicioso que limita la capacidad del sistema para funcionar eficientemente. “Con una estructura judicial adecuada y salarios dignos, el colapso denunciado no tendría lugar”, aseguró Balcácer. El instituto también criticó la falta de transparencia en la gestión del Poder Judicial y exigió acciones concretas para revertir esta situación.
La crisis judicial ha generado preocupación entre los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que ven en este colapso un riesgo para el Estado de derecho. Aunque el Poder Judicial no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones del IDPP, se espera que este debate impulse medidas urgentes para fortalecer el sistema y garantizar su independencia y eficacia.
