El Gobierno dominicano ha respondido con firmeza a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sus políticas migratorias, defendiendo su soberanía y compromiso con los derechos humanos frente a la creciente presión migratoria desde Haití. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que las acciones del país están basadas en la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales, rechazando cualquier injerencia que considere desproporcionada.
La crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una migración masiva hacia República Dominicana, situación que el Gobierno describe como “sostenida y excepcional”. El Estado dominicano ha reiterado que ha asumido una carga desproporcionada durante décadas, destacando su enfoque de solidaridad y responsabilidad humana. Sin embargo, ha enfatizado que la definición de políticas migratorias es un atributo esencial de su soberanía, reconocido incluso por el sistema interamericano.
En su respuesta, el Gobierno rechazó específicamente la aplicación general del principio de no devolución, argumentando que esto obligaría al país a aceptar a todos los migrantes irregulares, lo que tendría un impacto negativo en la cohesión social y el gasto en servicios públicos. Además, aseguró que ninguna persona es privada de atención médica urgente debido a su estatus migratorio, priorizando a mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones especiales.
El comunicado también destacó mejoras progresivas en los centros de procesamiento migratorio, incluyendo infraestructura y condiciones sanitarias, bajo una política de tolerancia cero hacia tratos inhumanos o degradantes. Finalmente, el Gobierno expresó su disposición a profundizar la cooperación técnica con la CIDH, afirmando que la protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contrapuestos.
Este enfrentamiento pone en evidencia las tensiones entre la soberanía nacional y las recomendaciones internacionales, en un contexto migratorio cada vez más complejo. La situación podría tener implicaciones significativas en las relaciones regionales y en la política interna dominicana en los próximos meses.
