Un escándalo de corrupción que involucra a exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a empresarios vinculados ha sacudido al país, con acusaciones de desvío de más de 12 mil millones de pesos del erario público. El caso, considerado uno de los más graves en la historia reciente de la administración pública dominicana, se centra en irregularidades en la contratación del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Los imputados enfrentan cargos que incluyen corrupción administrativa, lavado de activos y sabotaje tecnológico, entre otros.
El Ministerio Público ha señalado que el esquema operaba a través de una red mafiosa que utilizaba empresas como Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L. para desviar fondos públicos. Según la investigación, estas compañías recibieron contratos privilegiados y participaron en operaciones fraudulentas que comprometieron la seguridad tecnológica y la transparencia administrativa. El empresario José Ángel Gómez Canaán, alias "Jochi", es identificado como el principal operador de este entramado criminal, con vínculos directos con varias de las empresas implicadas.
Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, junto a otros exfuncionarios como Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y Juan Francisco Álvarez Carbuccia. También están involucrados empresarios como Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Mariano Gustini. En total, diez personas físicas y siete empresas jurídicas enfrentan cargos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, bajo la presidencia de la magistrada Yanibet Rivas, será el encargado de decidir si el caso avanza a juicio. La Pepca, liderada por Mirna Ortiz, ha recopilado pruebas que apuntan a múltiples delitos, incluyendo fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado y sabotaje a infraestructuras críticas. La investigación también reveló que estas irregularidades se extendieron al Ministerio de Defensa, lo que agrava el alcance del caso.
Las implicaciones de este escándalo son profundas, ya que no solo afecta la confianza pública en las instituciones, sino que también pone en evidencia las vulnerabilidades en los procesos de contratación estatal. El caso ha generado un amplio debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
Mientras el proceso judicial avanza, las miradas están puestas en el sistema de justicia para determinar si se aplicará el peso de la ley a quienes están acusados de haber saqueado los recursos del Estado. Este caso podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país, aunque también plantea desafíos significativos para garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro.
