La Cámara de Cuentas de República Dominicana ha revelado que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cometió graves irregularidades entre 2017 y 2019, incluyendo pagos de doble nómina y contrataciones con empresas vinculadas a funcionarios públicos. Estas prácticas violaron las leyes de Compras y Contrataciones Públicas y de Función Pública, según un informe de auditoría que emitió un dictamen adverso.
El documento destaca que más de RD$10 millones se pagaron a empleados que figuraban en nóminas de otras instituciones estatales, lo que está prohibido por la Ley 41-08 de Función Pública. Además, se identificaron contratos por más de RD$3.5 millones con empresas relacionadas a funcionarios en ejercicio, como el exministro Gonzalo Castillo y el diputado José Laluz.
### Doble nómina y falta de control
La auditoría confirmó que varios empleados de SeNaSa recibieron sueldos simultáneos sin autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP). Los registros de nómina no fueron depurados adecuadamente, lo que permitió estas duplicidades. Según el informe, esto refleja "debilidades en los mecanismos de control interno y en la transparencia de los procesos administrativos".
### Contratos con empresas de funcionarios
Entre los casos más destacados, SeNaSa firmó contratos con Helicópteros Dominicanos, S. A., propiedad del exministro Gonzalo Castillo, por más de RD$3 millones. La empresa había sido inhabilitada desde 2014 por su vinculación con un funcionario público. También se adjudicaron contratos a empresas relacionadas con el viceministro Carlos Gabriel García y el diputado José Laluz, ambos en ejercicio durante las contrataciones.
### Violaciones legales y posibles sanciones
Estas acciones violan el artículo 14 de la Ley 340-06, que prohíbe a funcionarios públicos o sus empresas contratar con el Estado. La Cámara de Cuentas advierte que estas irregularidades podrían derivar en procesos administrativos o penales contra los responsables.
En resumen, el informe expone serias fallas en la gestión del SeNaSa, afectando la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Las autoridades ahora enfrentan la tarea de investigar y sancionar a los implicados.
