La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) ha enviado al Ministerio de Administración Pública (MAP) un total de 291 casos que involucran presuntas irregularidades administrativas en más de cuarenta instituciones del Estado. Estos casos, que abarcan desde octubre de 2020 hasta junio de 2025, incluyen denuncias de abuso de poder, nepotismo, conflictos de interés y acoso laboral, entre otros.
Según un documento obtenido a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, las irregularidades reportadas van desde la duplicidad de funciones hasta el manejo indebido de fondos públicos. Algunos casos han sido remitidos a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por posibles implicaciones penales, mientras que otros se limitan a faltas administrativas.
Entre las instituciones señaladas destacan el Ministerio de Salud Pública y el MAP, acusados de mantener en sus nóminas a personas que cobraban salarios sin desempeñar funciones. Además, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Servicio Nacional de Salud (SNS) han sido investigados por el mal uso de fondos.
En 2021, se recomendó la destitución de la entonces ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, tras detectarse irregularidades en las compras y nóminas de su ministerio. También se sugirió una auditoría para esclarecer el aumento desproporcionado en estos rubros.
Otras entidades, como el Ministerio de Educación, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), fueron reportadas por violaciones a la Ley de Función Pública. Además, se registraron casos de acoso sexual en el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (ConaVIH/Sida) y de conducta inmoral en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) también fueron señalados por conflicto de interés y demoras en los pagos, respectivamente. Finalmente, el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (Capgefi) fue remitido al MAP por una presunta actuación dolosa, con el informe enviado también al Ministerio de Hacienda para su revisión.
En resumen, estos 291 casos reflejan un panorama preocupante de irregularidades en el sector público, con investigaciones en curso para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
