SANTO DOMINGO — En un desplante de cinismo político que redefine los límites de la ética pública, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, ha lanzado una advertencia que suena más a amenaza de extorsionador que a declaración de un legislador: a los empleados públicos que se atrevan a denunciar los descuentos irregulares en sus nóminas, les espera el "destierro" laboral si el partido pierde el poder.
La reacción de Frías no es un hecho aislado, sino la respuesta visceral de una clase política que parece ver el presupuesto del Estado como su botín personal y el salario de los trabajadores como una alcancía partidaria.
"Es para fuera que van": La lealtad por encima de la ley
A través de sus redes sociales, Frías arremetió contra aquellos servidores públicos que, hartos de ver cómo se les cercena el sueldo "por un par de pesos", han filtrado estas irregularidades a los medios de comunicación. Con una acidez que raya en lo patológico, el diputado sentenció que estos empleados "van a desear los descuentos" cuando se queden en la calle, asegurando que "es para fuera que van".
Parece que para el legislador, el pecado no es el descuento ilegal, ese "impuesto revolucionario" para financiar movimientos políticos, sino la indiscreción de la víctima al quejarse.
El festín de los descuentos: Del ITLA al FEDA
Este exabrupto surge en el contexto de una serie de revelaciones periodísticas que han puesto al desnudo una estructura de recaudación paralela en instituciones del Estado:
- El caso ITLA: La reciente destitución de Rafael Féliz como rector del Instituto Tecnológico de las Américas no fue un cambio de rutina, sino el resultado de denuncias sobre descuentos obligatorios a empleados para fines proselitistas.
- La sombra sobre el FEDA: El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, dirigido por Hecmilio Galván, ha sido el último en entrar al paredón mediático. Según informes de la periodista Nuria Piera, en esta entidad también se estarían aplicando "mordidas" salariales para alimentar la maquinaria política.
La institucionalidad en el cuarto de atrás
Lo que Frías olvida o decide ignorar con desprecio es que el salario del empleado público está protegido por la ley y no debe estar sujeto a la "voluntad" de un jefe de turno o a las necesidades de una campaña electoral. Al llamar "traidores" a quienes denuncian, el diputado valida una cultura de corrupción interna donde el silencio se compra con la estabilidad laboral y la denuncia se paga con el desempleo.
Un mensaje de soberbia prematura
Amenazar con el hambre del 2028 mientras se justifica el saqueo del 2026 es, por decir lo menos, una apuesta arriesgada. La "limosna" que hoy les quitan a los empleados, según Frías, será su mayor nostalgia mañana. Es una forma perversa de decirles que prefieran ser robados por el PRM que estar desempleados bajo otro gobierno.
Al final, la "limpieza" que propone el diputado no es de la corrupción en la nómina, sino de la integridad de quienes se niegan a ser cómplices. Si este es el nivel del debate oficialista, el "cambio" está resultando ser simplemente un cambio de manos en el bolsillo del trabajador.
