El gobierno dominicano enfrenta una polémica tras denuncias de intentos por revertir una decisión clave del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, lo que ha generado tensiones internas y críticas de organismos internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseguró que su cartera respeta todas las decisiones judiciales y negó cualquier intento de modificar el fallo, que establece requisitos específicos para obtener la nacionalidad dominicana. Sin embargo, sectores políticos y exmagistrados han alertado sobre supuestas maniobras dentro del Estado para someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una instancia que ha cuestionado políticas migratorias y de nacionalidad del país.
El debate se intensificó luego de que el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, denunciara que grupos dentro del gobierno estarían alineados con intereses extranjeros para reconocer la competencia de la CIDH. Esta corte ha criticado en dos ocasiones a República Dominicana por la privación arbitraria de nacionalidad a personas de ascendencia haitiana, un tema que ha sido históricamente controvertido en el país. Castillo advirtió que estas acciones violarían la Constitución dominicana y podrían generar inestabilidad social.
Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, calificó a la CIDH como una "enemiga del país" y afirmó que cualquier intento de someterse a su jurisdicción sería una traición a la soberanía nacional. Guevara insistió en que la nacionalidad es un derecho reservado exclusivamente al Estado y que cualquier cambio en este ámbito provocaría una respuesta masiva de la población en defensa de sus valores patrios.
Amnistía Internacional ha criticado duramente la política dominicana, señalando que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 formalizó la desnacionalización de hijos de migrantes en situación irregular, especialmente aquellos de ascendencia haitiana. Según la organización, esta decisión ha dejado a miles de personas en condición de apatridia, privándolas de derechos fundamentales. Además, denunció que las autoridades han realizado cancelaciones masivas de documentos de identidad, exacerbando el problema.
El tema de la nacionalidad ha sido un punto de fricción en República Dominicana desde hace décadas, especialmente en relación con la población de origen haitiano. La Constitución de 2010 estableció que los hijos de migrantes irregulares no adquieren automáticamente la nacionalidad dominicana, una medida que ha sido defendida por sectores nacionalistas pero criticada por organismos internacionales por considerarla discriminatoria.
Mientras el gobierno insiste en respetar las decisiones judiciales locales, las presiones internacionales y las tensiones internas podrían llevar a un nuevo capítulo en este complejo debate. El tema sigue siendo un desafío para las autoridades, que deben equilibrar la soberanía nacional con las demandas de derechos humanos y las críticas de la comunidad internacional.
