Propietarios y campesinos de la parcela No. 367 en Higüey, República Dominicana, han denunciado un presunto plan para despojarlos de sus tierras, ubicadas en una zona turística de Punta Cana. Los afectados aseguran que el terreno fue donado en 1982 para un asentamiento campesino y cuentan con documentos que respaldan su propiedad. Sin embargo, acusan a funcionarios públicos y militares de conspirar para arrebatarles sus derechos.
Nudio De Jesús Vargas, uno de los denunciantes, explicó que la empresa G.W. donó el terreno al Instituto Agrario Dominicano (IAD) en 1982. Desde entonces, los campesinos han trabajado la tierra con títulos provisionales y autorizaciones de permuta otorgadas desde 2010. La licenciada Escarlin Ozuna, del Ministerio de Comunidad Segura, y Jhonny Aristy, consultor jurídico del IAD, respaldan la propiedad legítima de los campesinos y denuncian la negación de sus derechos.
Los afectados acusan directamente al fiscal Denis Leonardo Guerrero, a un hombre llamado Julio Guerrero, a una fiscal cercana a ellos y a varios coroneles de estar involucrados en el presunto despojo. Según los denunciantes, el gobierno adquirió estos terrenos a Central Romana para reubicar a campesinos desplazados por la expansión del aeropuerto de Punta Cana, y la empresa ha reconocido la propiedad de los campesinos.
Los campesinos exigen la intervención urgente de las autoridades para proteger sus derechos. Afirman haber sido víctimas de violencia en varias ocasiones, incluyendo detenciones forzadas y sin justificación, lo que consideran un intento de intimidarlos.
La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes esperan que las autoridades actúen con prontitud para resolver el conflicto y garantizar la justicia para los campesinos afectados.
