El consultor jurídico del Poder Ejecutivo de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, ha presentado una propuesta clave para reformar el sistema penitenciario del país y crear un Ministerio de Justicia. La iniciativa fue expuesta durante la Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en la Reforma Penitenciaria Dominicana, centrándose en tres ejes principales: las reformas penitenciarias, la historia del Ministerio de Justicia y el contenido de la propuesta legislativa.
Peralta Romero detalló que las reformas al sistema penitenciario comenzaron en las últimas décadas, tras un siglo de vigencia del Código Penal de 1884, basado en el modelo francés. Desde 2004, se implementó el Nuevo Modelo Penitenciario, aunque aún persisten problemas como la sobrepoblación, el hacinamiento y la falta de control en algunos centros. Además, destacó la Ley núm. 113-21, que establece el marco legal del Sistema Penitenciario y Correccional bajo la Procuraduría General de la República.
En cuanto al Ministerio de Justicia, el consultor explicó que este existió desde la Constitución de 1844, pero fue eliminado en 1964. Desde entonces, sus funciones fueron asumidas por la Procuraduría General. Sin embargo, en los últimos veinte años se ha discutido su restablecimiento. Un proyecto de ley fue aprobado por el Senado en junio de 2024 y está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.
Peralta también comparó la situación dominicana con otros países de Iberoamérica, señalando que en la mayoría de la región las funciones administrativas de justicia no recaen en el Ministerio Público. Solo Ecuador, Nicaragua y República Dominicana mantienen este esquema.
La propuesta legislativa plantea que el Ministerio de Justicia coordine el Sistema Penitenciario y Correccional a través de tres figuras clave: el ministro de Justicia, el viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Además, se propone la creación de un sistema de coordinación interinstitucional entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
Esta iniciativa busca modernizar el sistema penitenciario y fortalecer la justicia en República Dominicana, marcando un nuevo capítulo en la historia jurídica del país.
