El empresario y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, elevó este martes el tono de su enfrentamiento con el Gobierno al otorgarle un plazo de 48 horas para responder sobre la eliminación de los artículos 308 y 310 del proyecto de reforma al Código Penal.
De no obtener una respuesta en ese período, aseguró que convocará un paro nacional e internacional con el apoyo de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa.
"El Gobierno tiene un plazo de 48 horas para dar respuestas sobre la eliminación de los artículos 308 y 310 del Código Penal. Si no, vamos a poner fecha para un paro nacional e internacional, incluyendo nuestra diáspora en EE. UU. y Europa. Ya la luna de miel con su gobierno ha terminado", expresó Matías en un mensaje difundido a través de sus plataformas digitales.
El comunicador sostiene que las disposiciones contempladas en el proyecto podrían afectar la libertad de expresión y limitar el derecho de los ciudadanos a difundir imágenes y videos relacionados con actuaciones de funcionarios públicos.
Durante su pronunciamiento, Matías hizo referencia al caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, el joven que falleció durante una actuación policial en Herrera, afirmando que, de aprobarse las disposiciones cuestionadas, publicaciones de este tipo podrían verse comprometidas.
No obstante, esa afirmación corresponde a la interpretación y opinión expresada por Santiago Matías y no constituye una explicación oficial del contenido del proyecto de reforma al Código Penal.
El anuncio ha generado un amplio debate en redes sociales, donde sectores respaldan la postura del empresario al considerar que cualquier modificación debe proteger el ejercicio de la libertad de expresión, mientras otros entienden que el contenido del proyecto debe analizarse conforme al texto definitivo que apruebe el Congreso.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial al ultimátum planteado por Santiago Matías.
La expectativa ahora está puesta en la reacción del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, mientras el plazo de 48 horas comienza a correr y crece la tensión en torno a uno de los proyectos legislativos más debatidos de los últimos años.
