El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, ha implementado una polémica medida que consiste en colocar bloqueadores de ruedas a vehículos mal estacionados y cobrar 1,500 pesos por su liberación. La decisión ha generado un fuerte rechazo entre los ciudadanos y ha llevado a un abogado a presentar acciones legales para suspenderla.
El abogado Jer Yan Lantigua presentó una acción de amparo y un recurso contencioso administrativo ante la Primera Cámara Civil y Comercial de la provincia Duarte. Argumenta que ni la ley ni las ordenanzas municipales autorizan el uso de bloqueadores como sanción o método de cobro. Además, denuncia que los agentes municipales estarían realizando funciones fuera de su competencia.
Según reportes, el ayuntamiento no informó previamente sobre la implementación de esta medida ni especificó las zonas donde se aplicaría. Muchas vías carecen de señalización clara, lo que ha causado confusión y molestia entre los conductores. Varias denuncias indican que agentes de la Policía Municipal, a veces sin identificarse, colocan los bloqueadores y gestionan directamente el cobro de 1,500 pesos para liberar el vehículo.
Los afectados reciben un documento que indica que su vehículo fue sancionado por estacionarse en un área no permitida. Sin embargo, el pago no se realiza en una oficina formal, sino que se instruye llamar a un número telefónico para que un agente retire el dispositivo. Lantigua afirma que este cobro no está respaldado por ninguna normativa municipal específica.
Los bloqueadores se han colocado en diversos puntos de la ciudad, incluyendo áreas cercanas a oficinas públicas y el Palacio de Justicia, sin límites de horario. El dispositivo, conocido como cepo o bloqueador de rueda, inmoviliza el vehículo al sujetarse alrededor de la goma.
La medida ha levantado un amplio debate sobre su legalidad y transparencia, mientras los ciudadanos exigen claridad y justicia en su aplicación.
