El Tribunal Constitucional (TC) ratificó este martes una polémica decisión que redefine la distribución de fondos públicos para partidos políticos y el orden de las boletas electorales, marcando un hito en la financiación de la actividad política en el país. La sentencia, que confirma una resolución previa del Tribunal Superior Electoral (TSE), rechazó los recursos presentados por tres partidos que buscaban revertir los cambios, consolidando así un nuevo marco legal que podría alterar el panorama electoral de cara a las elecciones de 2028.
La decisión del TC respalda la Sentencia TSE/0010/2025, emitida en junio de 2025, que modificó la interpretación del artículo 61 de la Ley 33-18. Este cambio incluye ahora en el reparto del 8% de los fondos públicos a partidos, agrupaciones y movimientos políticos que conservan su personería jurídica, aunque no hayan participado o no hayan alcanzado los porcentajes requeridos en la última contienda electoral. Además, ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) establecer nuevas resoluciones sobre la categorización de las organizaciones políticas, los montos asignados y su posición en las boletas.
Uno de los aspectos más controversiales de la sentencia es la definición del concepto de "última elección". Anteriormente, este término se refería exclusivamente a las elecciones presidenciales y congresuales. Sin embargo, el nuevo criterio abarca todo el ciclo electoral, considerando los siete niveles de votación. Esto significa que la fuerza electoral de los partidos se determinará en función de su desempeño en todas las elecciones celebradas durante ese periodo, lo que podría beneficiar o perjudicar a diversas organizaciones según su desempeño histórico.
La resolución fue aprobada por la mayoría de los magistrados del TC, aunque contó con votos salvados de los jueces Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso, y un voto disidente del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega. Este último se opuso a la decisión, aunque los detalles específicos de su objeción no fueron revelados.
Este fallo tiene implicaciones significativas para el sistema político nacional, ya que redefine las reglas del juego en términos de financiación y visibilidad durante las campañas electorales. Además, sienta un precedente en la interpretación de las leyes electorales, lo que podría influir en futuras decisiones tanto del TSE como del TC.
Las consecuencias de esta decisión podrían extenderse más allá de los partidos involucrados directamente en el recurso, afectando a todo el espectro político. Ahora, la atención se centra en cómo la Junta Central Electoral implementará estos cambios y cómo los partidos ajustarán sus estrategias en vista de la nueva distribución de recursos y posiciones en las boletas. El escenario electoral de 2028 promete ser uno de los más competitivos y disputados en la historia reciente del país.
