Escándalo en el INTRANT: Reanudan juicio por millonario fraude en semáforos
El controvertido "Caso Camaleón", que involucra al exdirector del INTRANT Hugo Beras y otros acusados por presunto desvío de fondos en la modernización de semáforos del Gran Santo Domingo, vuelve hoy a los tribunales tras un aplazamiento por ausencia médica de uno de los imputados. La Fiscalía alega corrupción, falsificación y sabotaje en un contrato que superó los 1,500 millones de pesos, según documentos judiciales.
El Ministerio Público sostiene que el proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades, incluyendo manipulación de documentos y sobreprecios en la adjudicación de la obra. Las pesquisas revelan que parte de los fondos habrían sido desviados mediante empresas "fantasma", afectando la operatividad de un sistema clave para la movilidad capitalina.
Beras, quien dirigió el Instituto Nacional de Tránsito entre 2012 y 2016, enfrenta cargos junto a cuatro colaboradores y dos empresarios. El tribunal deberá evaluar las pruebas de lavado de activos, ya que algunos imputados adquirieron propiedades de lujo durante la ejecución del proyecto, según registros de la Unidad de Análisis Financiero.
El caso, que lleva tres años en investigación, ha reavivado el debate sobre la opacidad en contrataciones públicas. Expertos consultados por este medio señalan que las fallas en los semáforos –responsables del 30% de los congestionamientos según el INTRANT– podrían deberse a equipos obsoletos instalados durante esta gestión.
La audiencia de hoy marca un punto crítico, pues el juez evaluará nuevas pruebas forenses sobre alteraciones en facturas. Mientras la defensa alega "persecución política", la Fiscalía insiste en que las pruebas son "contundentes". El fallo podría sentar precedentes para otros casos de colusión en obras públicas, según analistas jurídicos.
Con más de 20 testigos por declarar y un expediente de 8,000 páginas, el proceso se perfila como uno de los más complejos en la lucha anticorrupción. El próximo hito será la citación de funcionarios de Hacienda, tras detectarse inconsistencias en los desembolsos aprobados durante la pasada administración.
