El Comité de Defensa Pública Penitenciaria presentó informe a la Procuraduría General de la República y al Comisionado de Prisiones y Corrección sobre el interno Luis Erasmo Rodríguez, quien se encontraba recluido en el Penal La Victoria el martes 31 de mayo de 2022 La muerte de Luis Erasmo Rodríguez Feliz .
El reo fue condenado el 19/04/22 a 30 días de prisión con agravantes de reclusión (dos años) desde el 02/06/2020 con aviso de condena el viernes 13/05 y asignado a la defensoría pública del caso, la juez que continúa solicitando la ejecución de la sentencia de La Libertad Por Pena Cumplida, aunque el plazo de apelación no venza el 19 de mayo de 2022.
Los agentes del orden público, Mercedes Sena y el defensor público han intentado en numerosas ocasiones comunicarse con el Departamento Público para ver si emitiría una exención del período de apelación porque el recluso tenía que someterse a diálisis frecuentes, por lo que un recluso que había cumplido su sentencia estaba gravemente enfermo, debe acelerar su salida del centro.
Las circunstancias anteriores demuestran claramente que el propio Lcdo fue negligente en la conducta de la acusación. Ignacio Rojas, y la aparente falta de humanidad, ante el proceso por el cual el Estado le ha fallado a este ciudadano, terminó siendo condenado a 30 días de prisión a pesar de estar privado de su libertad hace dos años, he aquí la pregunta:
¿Quién pagó? los dos años que pasó en prisión sin juicio? Pero, ¿quién le dio la oportunidad de morir dignamente al lado de su familia?
Por otro lado, nos vemos en la obligación de denunciar la falta de asistencia médica durante su privación de libertad, como lo demuestra un video que circula en Internet sobre la forma en que la persona afirmaba recibir atención médica, lo que se considera una violación a la derecho a nuestra Constitución y el derecho a la salud en las Leyes 13-21.
Al final, todos los litigantes en esta jurisdicción son conscientes de que la burocracia que existe influye mucho en la conducta de los defensores, quienes hacen todo lo lícito y humano para administrar las libertades de los presos. Cabe señalar que se llegó a un acuerdo con el fiscal para que renuncie a fin de hacer posible la libertad del imputado, sobre todo tratándose de una pena de prisión, sobre todo porque lleva dos años en prisión y la pena final es de 30. días.
