Joven embarazada denuncia brutal agresión sexual y amenazas de muerte por parte de su expareja en Santo Domingo Norte
Una mujer embarazada relató, entre lágrimas, cómo su expareja la golpeó, violó y amenazó con desfigurarle el rostro con agua hirviendo en un escalofriante episodio de violencia en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. El agresor, ahora detenido, intentó forzarla sexualmente y, ante su negativa, desató una brutal paliza mientras la asfixiaba y prometía "hacer algo grande" si terminaba en prisión.
La víctima, identificada como Nayely Montero Santana, logró escapar con ayuda de su madre, a quien llamó desesperada pidiéndole que no colgara el teléfono: "Mami, si cuelgas, me va a matar", gritó mientras el atacante calentaba agua para quemarla. Agentes policiales llegaron al lugar tras la alerta y arrestaron al hombre, quien ahora enfrenta cargos por violencia de género y agresión sexual.
Contexto nacional: la sombra de la violencia machista
El caso se enmarca en la alarmante ola de feminicidios y agresiones contra mujeres en República Dominicana, donde, según datos oficiales, una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual. Autoridades del Ministerio de la Mujer han calificado el hecho como "un reflejo de la cultura de posesión machista que sigue costando vidas". Montero recibió atención médica y legal del Sistema 9-1-1, pero ha denunciado amenazas de familiares del acusado, lo que obligó a reforzar su protección.
Justicia bajo presión
Organizaciones feministas exigen que el caso no quede en la impunidad, como ocurre con el 70% de las denuncias por violencia de género en el país. "Si no hay sentencias ejemplares, estos crímenes se repetirán", advirtió una portavoz de la Procuraduría. La víctima, aún traumatizada, clama por medidas cautelares efectivas: "Temo por mi vida y la de mi bebé", declaró.
Mientras el agresor espera juicio, el caso reaviva el debate sobre la urgencia de reformar las leyes y protocolos para proteger a las mujeres. Las cifras oficiales revelan que cada 48 horas una dominicana es asesinada por su pareja o expareja, una estadística que el gobierno promete reducir con más refugios y campañas, pero que sigue en rojo.










