Santo Domingo.- En las cárceles de República Dominicana, la realidad es de horror: miles de internos, muchos bajo detención preventiva y sin cargos, duermen en condiciones deplorables, apodados “hombres sapo” por verse obligados a dormir en los pisos, junto a inodoros desbordados o incluso en agujeros en el suelo que funcionan como sanitarios.
Las prisiones, severamente sobrepobladas—algunas hasta siete veces su capacidad—se han convertido en verdaderas trampas de inhumanidad. Más del 60% de los aproximadamente 26,000 reos están en detención preventiva, lo que ha llevado a que muchos languidezcan sin acceso a atención médica ni condiciones dignas. “Las cárceles se han convertido en tierra de nadie”, afirmó Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, denunciando un sistema que trata a los internos como simples objetos.
La Penitenciaría Nacional La Victoria es uno de los ejemplos más alarmantes. Diseñada para 2,100 internos, hoy alberga a más de 7,000, de los cuales más de 3,300 están bajo detención preventiva. En este penal, las condiciones extremas se reflejan en la pobreza y el sufrimiento diario de los reclusos. Testimonios de visitantes revelan que muchos internos llevan años encarcelados sin haber sido declarados culpables, y algunos conviven en el olvido y la desidia del Estado.
La situación se agrava con tragedias recientes. El año pasado, al menos 11 internos murieron en La Victoria tras un cortocircuito que desencadenó un incendio y una explosión, uno de los peores incidentes desde el desastre en Higüey en 2005, cuando murieron 134 reos. Frente a esta crisis, el presidente Luis Abinader nombró al exdirector de prisiones Roberto Santana para dirigir una comisión que reforme y mejore las más de 40 cárceles del país, en parte financiada con dinero recuperado por casos de corrupción.
A pesar de la construcción de 21 nuevas prisiones a principios de la década de 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que la situación sigue deteriorándose. Celdas sin baños, sin luz natural y con pésima ventilación han propiciado la propagación de enfermedades graves entre los internos, muchos de los cuales padecen condiciones desde problemas cardíacos hasta infecciones de VIH. En algunos casos, la sobrepoblación ha llevado a que se retenga a los presos incluso cuando ya han sido liberados por mandato judicial.
Mientras tanto, la corrupción y la falta de acción efectiva siguen siendo factores clave. Tanto Santana como Valentín señalan que soldados y policías a cargo de las prisiones se benefician de actividades ilegales, y la inacción gubernamental ha detenido proyectos cruciales, como la construcción de un nuevo penal que se esperaba ayudara a aliviar el hacinamiento.
Con la esperanza de cambiar este panorama, la comisión encabezada por Roberto Santana trabaja sin interferencias externas para cerrar prisiones inhumanas como La Victoria y la prisión 15 de Azua, y aspira a construir 25 nuevas instalaciones para 2028. Sin embargo, mientras tanto, el clamor de los derechos humanos y el llamado a tratar a los reclusos con dignidad se hace cada vez más urgente en un sistema al borde del colapso.
