Tragedia sin justicia: Familiares exigen responsabilidades tres años después de explosión en San Cristóbal
Tres años después de la explosión que dejó 47 muertos y 12 desaparecidos en el antiguo mercado de San Cristóbal, los familiares de las víctimas salieron a las calles para exigir justicia. Acusan a funcionarios y bomberos de encubrir a los verdaderos responsables, vinculados a intereses económicos detrás de un proyecto de estacionamiento en la zona.
Reclamos y nuevas pruebas
Este martes, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad entregaron nuevamente documentos y pruebas ante la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal. Insisten en que las investigaciones oficiales han ignorado evidencias clave que apuntan a negligencia y posible corrupción.
Manuel Nina, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que la explosión no fue un accidente, sino un acto deliberado para acelerar la construcción de un parqueadero. "Necesitaban que la obra comenzara para recibir dinero. Todos saben que la explosión no fue causada por las víctimas ni por el acusado que señala la fiscalía", declaró.
Falta de respuestas
Manuel María Mercedes, de la CNDH-RD, denunció que las autoridades han intentado "tapar" a los culpables. "Aportamos pruebas suficientes, pero aún no hay condenas. Ni siquiera se ha compensado a las familias de los desaparecidos", afirmó. Además, anunciaron una protesta frente al Ministerio Público para presionar por investigaciones más profundas.
El fantasma de la impunidad
El caso ha generado indignación nacional por las irregularidades en el manejo de la escena del crimen y la lentitud judicial. Los familiares insisten en que se destruyeron pruebas y se desvió la atención hacia chivos expiatorios.
Con la entrega de nuevos documentos, buscan evitar que las autoridades aleguen desconocimiento. Mientras, la sombra de la impunidad sigue creciendo sobre una de las tragedias más graves en la historia reciente de República Dominicana.
¿Qué sigue?
Las miradas están puestas en la fiscalía, que deberá decidir si reabre el caso o mantiene su versión oficial. Por ahora, las familias prometen no descansar hasta ver a los responsables tras las rejas.
