Felix Porte, abogado representante de ocho querellantes en el caso de la llamada "neurocientífica" Elizabeth Silverio, ha anunciado que solicitará prisión preventiva en lugar de arresto domiciliario, como ha propuesto el Ministerio Público para la acusada.
Porte destacó que este caso no se trata de una simple estafa, sino de una estafa dirigida a niños, especialmente aquellos con condiciones especiales. Según él, Silverio ha afectado a niños con autismo, empeorando su condición al ofrecerles tratamientos pseudocientíficos en lugar de los adecuados.
José Ignacio Encarnación, padre de una niña de siete años que también presentó una querella, explicó que algunos niños salieron del centro con una condición mucho peor. Reveló que muchos de los niños que tenían un leve padecimiento de autismo fueron diagnosticados con autismo severo después de someterse a los supuestos tratamientos de Silverio.
Encarnación hizo un llamado al presidente de la República para que busque una solución para estos padres y niños. Aseguró que esta situación se debe a la falta de supervisión por parte del Estado en la fiscalización de este tipo de centros y que ha habido una negligencia en la supervisión por parte del Estado dominicano.
El abogado Porte mencionó que existen delitos que implican prisión, como el de ofrecer diagnósticos sin ser médico, según lo estipulado en la ley 42-01, que conlleva una pena de hasta 10 años de cárcel. Además, se presentarán cargos por falsificación de documentos y lavado de activos.
Felix Porte representa a ocho padres querellantes en este caso, quienes buscan justicia para sus hijos. Mencionó los nombres de los padres y los menores que representan en las querellas.
El Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que se imponga a Elizabeth Silverio Silien la medida de arresto domiciliario, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El escándalo en torno a la "neurocientífica" Elizabeth Silverio continúa generando polémica y se espera que se tomen las medidas legales necesarias para proteger los derechos de los niños afectados y sancionar cualquier irregularidad cometida.
