Gobierno canario bajo presión por ayudas que excluyen a pequeñas granjas familiares
La vicepresidenta del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses, ha lanzado una advertencia al Gobierno de Canarias: las ayudas al sector primario podrían estar dejando atrás a las explotaciones ganaderas más pequeñas de la isla. En un debate parlamentario este jueves, exigió evaluar cuántas familias quedan excluidas del subsidio al pienso por no cumplir el mínimo de cinco cabezas de ganado mayor.
La polémica surge tras la modificación del decreto de ayudas extraordinarias, destinadas a compensar el alza de costes por la crisis en Oriente Medio. Aunque García Meneses valoró la rebaja a 30 euros del importe mínimo subvencionable para agricultura, criticó la falta de adaptación a la realidad de la ganadería familiar. En La Gomera, estas ayudas reciben un plus del 16% por su condición de territorio doblemente insular, pero el requisito de tamaño sigue siendo una barrera.
Choque por financiación y burocracia
La representante exigió mayor coordinación entre el Gobierno autonómico y los cabildos para evitar que las ayudas locales reduzcan el techo de subvenciones europeas. Actualmente, los productores enfrentan un límite de 50.000 euros en tres años para agricultura y ganadería, y 40.000 para pesca. "Necesitamos claridad o ahogaremos a los pequeños", advirtió.
El conflicto se extiende a la pesca artesanal, donde reclama revisar cómo se calculan los gastos de transporte, y a la futura Ley de Biodiversidad. García Meneses pidió definir qué administración pagará los planes de recuperación de especies y el control de invasoras, además de agilizar los plazos para autorizaciones ambientales.
Falta de medios y plazos ajustados
La vicepresidenta alertó que los cabildos necesitan más apoyo técnico y financiero para cumplir con las nuevas exigencias legales. Cuestionó si un año será suficiente para adaptar los centros de fauna silvestre, y propuso priorizar la colaboración entre instituciones cuando una se retrase por falta de recursos.
"La ley debe aplicarse con seguridad jurídica, pero también con realismo", remachó. La advertencia llega en un momento crítico para Canarias, donde el sector primario lucha contra los costes disparados y una normativa que, según los críticos, no siempre tiene en cuenta las peculiaridades insulares.
