El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, ha prometido compensar a los afectados por el colapso del Ueno Bank, tras la destitución y arresto de su antecesor, Santiago Peña, por presunta corrupción y tráfico de influencias. El escándalo, que involucra más de 850 millones de dólares de fondos públicos, ha sacudido al país sudamericano y ha llevado a detenciones de altos cargos, incluido el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
Peña, quien fue destituido por el Congreso y arrestado en un cuartel militar, enfrenta acusaciones de administración fraudulenta y está siendo investigado por su papel en la quiebra del Ueno Bank, institución que también manejaba los fondos de pensiones. Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Peña, ha ordenado acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas afectados, priorizando a los más vulnerables. Hasta el momento, se han transferido fondos a 1.196.000 personas, un tercio de los perjudicados.
El escándalo ha revelado profundas divisiones dentro del Partido Colorado, la fuerza política dominante en Paraguay. Horacio Cartes, expresidente y líder del partido, ha sido clave en la decisión de someter a Peña a juicio político, pese a que este era considerado su "ahijado político". Cartes, investigado en el pasado por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, ha priorizado la supervivencia del partido sobre lealtades personales.
El caso ha expuesto las desigualdades económicas en Paraguay, donde el 10% más rico gana 16 veces más que el 10% más pobre, y donde el 8% de los productores controla el 93,5% de la tierra agrícola. Aunque el país ha mantenido un crecimiento económico anual del 5,5% en los últimos años, problemas como la falta de acceso a agua potable y saneamiento persisten para gran parte de la población.
Este escándalo marca uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Paraguay y desafía la estabilidad política del país en un momento en que su modelo económico es visto como ejemplo en la región.
