El Gobierno italiano ha inmovilizado el buque de rescate de migrantes Sea Watch 5 durante 45 días y multado a la ONG alemana propietaria con 7.500 euros por negarse a colaborar con las autoridades libias. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, calificó la acción como un "incumplimiento grave de la ley", subrayando que los rescates marítimos deben ser coordinados por los Estados y no por organizaciones privadas.
La ONG Sea Watch defendió su decisión de no contactar al centro de rescate libio, al que acusó de estar controlado por traficantes de personas. Relataron que, tras salvar a seis migrantes en aguas internacionales, recibieron amenazas con armas de fuego por parte de presuntos contrabandistas. "¿Es a estas 'autoridades competentes' a las que se refiere el ministro?", cuestionaron.
La diputada Cristina Almici, del partido gobernante Hermanos de Italia, tachó de "vergonzoso" que la ONG insinuara complicidad del Gobierno italiano con criminales. "No aceptaremos lecciones de una organización que ignora las leyes y luego nos acusa", afirmó, retando a Sea Watch a recurrir la sanción si la considera injusta.
El conflicto refleja la tensión en el Mediterráneo, donde Italia, bajo presión por la llegada de migrantes, ha endurecido las restricciones a las ONG. El Ejecutivo italiano insiste en que su postura busca combatir el tráfico humano y garantizar el orden legal. Mientras, las organizaciones humanitarias denuncian que las políticas ponen en riesgo vidas.
