Gobierno de Veracruz recorta presupuestos y persigue a alcaldes opositores en medio de crisis económica
El estado mexicano de Veracruz enfrenta una tormenta política y financiera, con drásticos recortes a los municipios y acusaciones de persecución contra alcaldes opositores por parte del gobierno de la gobernadora Rocío Nahle.
En los primeros seis meses del año, las participaciones federales para Veracruz se redujeron un 17.4%, dejando un hueco de casi 7 mil millones de pesos en las arcas estatales. Campeche, el estado más afectado, perdió el 42.1% de sus fondos, seguido por Quintana Roo (-11.1%) y Aguascalientes (-10.2%). La caída se atribuye a la baja recaudación del Impuesto Sobre la Renta (-9.8%) y a la disminución de ingresos petroleros (-12.1%), pese al alza global en los precios del crudo.
Mientras la crisis fiscal golpea a los municipios, el gobierno de Nahle avanza con procesos legales contra alcaldes de oposición. Este miércoles, la legislatura estatal, controlada por su partido, Morena, aprobó el desafuero de los ediles de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, acusados de irregularidades.
Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una "judicialización selectiva" contra sus gobiernos locales. "No permitiremos que se use el aparato de justicia para cooptar opositores", declaró, citando casos como el de Papantla y Poza Rica, donde MC alega fraude electoral.
La fiscal estatal, Lisbeth Jiménez —exmagistrada cercana a Nahle—, es señalada como operadora clave en estas acciones. "Hoy son dos alcaldes, mañana puede ser cualquiera que critique al gobierno", advirtió un analista local.
Cierre de ingenio azucarero agrava la crisis
En medio del conflicto político, el cierre del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, dejó sin empleo a cientos de trabajadores. La empresa alegó "insostenibilidad económica" tras años de baja productividad. Nahle prometió negociar su reapertura, pero críticos señalan que la crisis refleja el abandono del sector agrícola.
Con fondos públicos en declive y tensiones políticas en aumento, Veracruz se encamina hacia un escenario de mayor inestabilidad, mientras la gobernadora enfrenta acusaciones de autoritarismo y manejo opaco de recursos.
