El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila tras regresar de Hong-Kong. La intervención policial fue ordenada por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad durante su polémica guerra contra las drogas. Duterte, quien gobernó el país entre 2016 y 2022, cuestionó su arresto con la frase: "¿Qué crimen he cometido?".
Conocido como el 'sheriff' antinarcóticos, Duterte inició su carrera política como alcalde de Davao, donde ganó fama por su dura mano contra el crimen. Esta reputación lo llevó a la presidencia en 2016, tras prometer en campaña una solución drástica al problema de las drogas. Una vez en el poder, implementó una política que derivó en miles de muertes extrajudiciales. Solo en los primeros cien días de su mandato, se contabilizaron unos 3.700 fallecidos, según datos oficiales. Las víctimas incluyeron desde pequeños traficantes hasta adictos y líderes del crimen organizado.
Sin embargo, las cifras reales podrían ser mucho más altas. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 30.000 personas perdieron la vida durante su gobierno, mientras que las autoridades reconocen solo 6.000. La brutalidad de esta "guerra sucia" generó críticas internacionales y levantó protestas dentro del país. Grupos parapoliciales, respaldados por Duterte, actuaron con impunidad, lo que llevó a Filipinas a retirarse en 2019 del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, para evitar investigaciones.
La detención de Duterte se produce tras años de intentos de la CPI por llevar al exmandatario ante la justicia. En 2021, la corte anunció una investigación formal por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. Duterte, ahora fuera del poder, desafió públicamente a la CPI, retándolos a detenerlo antes de su muerte. Su arresto marca un punto de inflexión en un caso que ha dividido a Filipinas y ha sido objeto de atención internacional.
El exmandatario enfrentará ahora cargos que podrían cambiar el rumbo de su legado, marcado por una lucha antidroga tan feroz como controvertida. Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan que la justicia internacional haga lo que la justicia local no pudo.
