Una unidad militar en Santa Rosa, Colombia, fue atacada este sábado con drones cargados de explosivos, dejando al menos tres soldados muertos y 46 heridos. El Gobierno colombiano responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado que se negó a firmar el acuerdo de paz con el anterior gobierno de Gustavo Petro. Este ataque marca un escalamiento preocupante en el uso de tecnología por parte de grupos insurgentes en el país.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, condenó enérgicamente el hecho y prometió una respuesta contundente. “Este criminal atentado dejó hombres muertos y heridos que sirven con honor a Colombia. Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos”, declaró el mandatario en su cuenta de X. Además, ordenó intensificar las operaciones militares para perseguir y capturar a los responsables, asegurando que no habrá “escondite ni tregua” para quienes desafíen la autoridad del Estado.
La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el aumento de tensiones en la región, donde narcotraficantes del Clan del Golfo y el ELN se disputan el control territorial. Este ataque no fue un hecho aislado, ya que el uso de drones adaptados con explosivos se ha convertido en una táctica común entre los grupos armados en Colombia. Según informes, estos dispositivos pueden volar hasta 500 metros de altura, operar en un radio de tres kilómetros y transportar granadas para atacar con precisión.
Horas antes del ataque, se registró la detonación de explosivos en un peaje de la carretera que conecta Cali y Popayán, aunque no hubo víctimas mortales. Este incidente parece ser parte de una estrategia coordinada para desestabilizar la región. Las autoridades colombianas enfrentan ahora el desafío de contener una nueva ola de violencia organizada, en la que los grupos armados recurren a métodos cada vez más sofisticados para desafiar al poder del Estado.
