La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana ha ordenado revisar la condena de dos años de prisión impuesta a Leudy Santiago de la Cruz Vásquez, miembro de una red criminal dedicada al secuestro y robo en los sectores de La Ciénaga y Guachupita, en Santo Domingo. Los fiscales habían apelado la sentencia, considerándola demasiado leve, y ahora la Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá reevaluar el caso.
La SCJ tomó esta decisión después de aceptar un recurso de casación presentado por la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, junto con su Unidad Antisecuestro. Anteriormente, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación había declarado inadmisible la apelación de los fiscales, lo que llevó a la SCJ a intervenir.
Los fiscales Ramona Nova y Claudio Cordero celebraron la decisión, destacando que se ajusta a la ley y reconociendo el esfuerzo del equipo legal para defender a las víctimas. El Ministerio Público argumentó que la sentencia inicial carecía de fundamentos, ya que no se consideraron pruebas clave que vinculaban a De la Cruz Vásquez con una asociación de malhechores.
La red criminal, de la cual De la Cruz Vásquez formaba parte, se dedicaba al robo de teléfonos móviles de alta gama, como iPhones, que luego eran vendidos en el mercado negro. Además, el grupo operaba mediante engaños en redes sociales, citando a hombres para encuentros íntimos y luego asaltándolos con violencia y armas. Una de las víctimas, de nacionalidad española, fue amenazada de muerte y obligada a entregar claves de acceso a sus cuentas bancarias, sufriendo pérdidas económicas y la sustracción de sus pertenencias.
El Ministerio Público solicitó que la sentencia de dos años sea revocada y que, en su lugar, se imponga una condena de 20 años o se celebre un nuevo juicio. La red criminal también incluye a otros miembros, algunos de los cuales ya han sido condenados, mientras que otros siguen siendo perseguidos por la justicia.
Este caso ha puesto en evidencia las actividades de una peligrosa red que operaba en varias provincias del país, afectando a numerosas víctimas. La decisión de la SCJ marca un paso importante en la lucha contra este tipo de delitos, aunque el desenlace final aún depende de la revisión que realice la Corte de Apelación.
