Más de 40 personas han sido detenidas en las últimas semanas en Venezuela en una "cruzada" anticorrupción al interior de la petrolera estatal PDVSA y otras empresas públicas que ha afectado a altos funcionarios y empresarios, informó este sábado la Fiscalía.
“A la fecha, el Ministerio Público ha gestionado -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a los diversos esquemas de corrupción que buscaban desfalcar (…) la economía nacional”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en su cuenta de twitter.
Las detenciones comenzaron el viernes 17 de marzo, luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, organismo que actúa bajo estricto secreto, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a los funcionarios que “pudieran estar involucrados en graves hechos de corrupción y peculado” .
El fiscal confirmó este domingo que Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se encuentra entre los nuevos detenidos, así como Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
También fueron detenidos Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de CVG; Felipe Contreras, Vicepresidente de Siderurgia; Lino Mora, vicepresidente ejecutivo; Tulio Medina, Vicepresidente de Finanzas; y Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación encargada de explotar hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales “estratégicos”.
Fuentes judiciales dijeron a la AFP que Maldonado, quien antes fuera director del Banco Central de Venezuela (BCV), era parte de un esquema de corrupción liderado por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante años fue un importante dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. (Psuv), ahora detenido.
Entre los delitos imputados a los detenidos se encuentran el blanqueo de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria.
En medio de la purga, renunció el 21 de marzo Tareck El Aissami, el hasta entonces poderoso ministro del Petróleo, sancionado por Estados Unidos.
Aunque no se ha revelado el monto del desfalco ya que la investigación se encuentra en la primera fase, informes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque luego desmintió esta versión.
Los acusados enfrentan sentencias de 25 a 30 años, dijo a la AFP el fiscal Tarek William Saab.
La pena máxima en Venezuela es de 30 años.
Además, “los bienes incautados del crimen pasan a manos del Estado”, agregó Saab, quien no descartó más detenciones a medida que avanzan las investigaciones.
