Las cárceles de República Dominicana están al borde del colapso. Con una capacidad para 15.200 reclusos, actualmente albergan a 25.000, lo que representa una sobrepoblación del 64%. Esta situación ha generado condiciones inhumanas, con miles de internos durmiendo en el suelo e incluso en los baños. Además, el Estado gasta 15 millones de pesos mensuales en mantener a 339 imputados con medidas de coerción, quienes podrían ser juzgados en libertad por solo 3,2 millones de pesos, según la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre).
Roberto Santana, director de Onapre, y Juan Dionicio Restituyo, encargado de justicia de la institución, denunciaron que el 64% de los presos son preventivos, es decir, aún no han sido condenados. Ambos señalaron que esta situación es una "vergüenza para el país" y advirtieron que el 40% de los delitos, incluidos actos de sicariato, se cometen desde las cárceles. Para abordar este problema, el Estado ha creado un fondo de libertad para presos, que será gestionado por el Banco Agrícola.
Los expertos también destacaron que el 87% de los homicidios en el país son cometidos por jóvenes menores de 44 años. Santana y Restituyo insistieron en la necesidad de liberar a personas encarceladas por delitos menores y abordar la corrupción dentro del sistema penitenciario. "La iniciativa de crear un fondo de libertad para los presos de la pobreza es innovadora y puede tener un impacto significativo", afirmaron.
La sobrepoblación es especialmente crítica en centros como La Victoria, las cárceles de Azua, Baní, La Vega y El Seibo. En la provincia Monseñor Nouel, donde no hay un centro penitenciario, 508 personas están recluidas en otras instalaciones, como la de La Vega. Santana subrayó que "no hay forma de que el sistema funcione adecuadamente" cuando 10.000 personas duermen en el suelo.
El Ministerio Público y el Poder Judicial también fueron señalados como responsables de la crisis, debido a la práctica de imponer prisión preventiva de manera indiscriminada. Para transformar el sistema, el Ministerio de Justicia separará las funciones de la Procuraduría y creará un viceministerio de Asuntos Penitenciarios, otro de Derechos Humanos y un instituto universitario para la formación de agentes penitenciarios.
En resumen, la crisis carcelaria en República Dominicana es un problema urgente que requiere soluciones inmediatas. La sobrepoblación, las condiciones inhumanas y la falta de reformas eficaces han convertido las cárceles en un foco de delincuencia y violaciones a los derechos humanos. Las autoridades esperan que las nuevas medidas, como el fondo de libertad y la reestructuración del sistema penitenciario, marquen el inicio de un cambio necesario.
