WASHINGTON — Los acuerdos que permiten a las policías locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se han multiplicado a una velocidad sin precedentes bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos oficiales y un análisis independiente publicado en enero de 2026. El aumento responde a la expansión del programa 287(g) y a nuevos incentivos financieros federales, en un contexto de confrontación con las llamadas jurisdicciones santuario, enero de 2026.
Un análisis de datos oficiales realizado por FWD.us, organización apartidista que promueve una reforma migratoria integral y de justicia penal, indica que 1.168 cuerpos policiales tenían agentes inscritos para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a finales de enero. La cifra contrasta con los 135 que participaban durante la Administración de Joe Biden y los 150 registrados al cierre del primer mandato de Trump.
De acuerdo con datos publicados por el propio U.S. Immigration and Customs Enforcement, hasta el 13 de febrero de 2026 la agencia había firmado 1.415 memorandos de acuerdo bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, abarcando 40 estados. Solo en las primeras semanas de 2026, casi 150 nuevas agencias locales se sumaron al programa.
La sección 287(g), creada en 1996, autoriza al Gobierno federal a delegar en policías estatales y locales determinadas funciones migratorias. Bajo este esquema, los oficiales pueden identificar, interrogar y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización y transferirlas a custodia federal. ICE sostiene que el programa “mejora la seguridad de las comunidades de la nación” y permite “proteger la patria mediante el arresto y la expulsión de extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades y la integridad de las leyes de inmigración”.
La modalidad más controvertida, conocida como “Task Force Model”, permite a los agentes locales ejercer facultades migratorias durante patrullajes regulares. Este modelo fue desmantelado en 2012 tras denuncias de perfilamiento racial, pero fue reintroducido en 2025 con nuevos incentivos económicos. ICE ha ofrecido cubrir costos de capacitación y aportar hasta 7.500 dólares por agente entrenado para equipamiento, así como hasta 100.000 dólares para vehículos y horas extra.
Según FWD.us, la expansión podría implicar entre 1.400 y 2.000 millones de dólares en fondos federales para agencias estatales y locales este año, gracias a recursos incluidos en la denominada “One Big Beautiful Bill”. “Esta cantidad eclipsaría todos los demás fondos federales destinados a las fuerzas del orden locales”, concluye el informe.
La rápida ampliación también ha generado inquietud. Exfuncionarios de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que la expansión del 287(g), combinada con la reducción de mecanismos de supervisión interna, podría convertirse en “una amenaza a los derechos civiles a lo largo del país”. Antes del cambio de Administración, esa oficina preparaba un informe solicitado por el Congreso sobre posibles violaciones en jurisdicciones participantes. Exfuncionarios dijeron al diario The Guardian que el documento no ha sido publicado y que su estatus es incierto. También señalaron que un consejo asesor que revisaba nuevas solicitudes fue disuelto al inicio del segundo mandato de Trump.
Críticos del programa sostienen que el riesgo no es solo legal, sino social. Bajo el modelo de fuerza de tarea, los agentes pueden interrogar y detener a personas por sospechas de estatus migratorio durante labores cotidianas, incluso cuando la infracción es de carácter civil.
Expertos advierten que al difuminarse la línea entre policía local y autoridad migratoria federal, las comunidades inmigrantes pueden perder confianza en quienes patrullan sus vecindarios. Señalan que si una parada de tráfico, una denuncia por violencia doméstica o el testimonio como testigo puede derivar en una detención migratoria, la disposición a reportar delitos podría disminuir. Este es el argumento central de las autoridades que defienden políticas de no cooperación, conocidas como políticas santuario, uno de los principales objetivos de la Administración Trump.
Experiencias previas del programa mostraron efectos colaterales en la vida cotidiana de algunas comunidades, como descensos en la asistencia escolar, menor acceso a servicios de salud y familias que evitaban salir de casa por temor.
Mientras algunos condados han rechazado sumarse, otros estados han alentado activamente la firma de acuerdos. El resultado es un mapa nacional fragmentado, con una red cada vez más amplia de agencias locales vinculadas a las autoridades migratorias federales y un debate renovado sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
